La sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la Ley Electoral que aprobaron los diputados este año, da paso a que otra vez los partidos políticos puedan gozar del 100% de sus prerrogativas para el 2021, cuya cantidad supera los 200 millones de pesos, dijo Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Hace unas semanas, el mismo Congreso local aprobó que se quitara a los partidos el 50% del financiamiento público para el siguiente año, como parte de las acciones que abonaban a la austeridad. El ajuste se movió en el orden de los 100 millones de pesos en ahorros.
La sentencia de la Corte, aclaró el consejero presidente, no afecta el proceso electoral programado para junio de 2021, tampoco los plazos de precampañas, registros o el día de las votaciones; no obstante, el Consejo General sí tendrá que hacer ajustes con el tiempo para las solicitudes de licencia de los alcaldes que buscan reelección.
Es decir, la Ley Electoral abrogada en Chiapas indicaba que dichos personajes tenían que solicitar su renuncia al cargo 120 días antes del inicio de las precampañas, sin embargo, ahora sólo tendrán que hacerlo con 90 días antes de la jornada; la fecha límite para separarse de sus funciones será el 6 de marzo de 2021.
La sentencia de la Corte no impacta en el presupuesto que necesitará el organismo para la organización de las elecciones, cuya cantidad es de 553 millones 918 mil 645 pesos con 78 centavos y que el anteproyecto está en manos de la Secretaría de Hacienda y después pasará al Congreso local.
Chacón Rojas enfatizó que ajustarán algunos lineamientos y normatividad interna, debido a que se regresa toda la estructura que fue quitada al órgano local (direcciones y espacios). Los candidatos independientes, ahora, tendrán requisitos más flexibles para participar y se respetará (con base en el Código de Elecciones) que sean hasta tres personas las que participen por cada elección; se quitó el porcentaje que aumentaba el número de firmas a recolectar.
La violencia política en razón de género, cuotas de representación indígena y de los jóvenes en los distritos electorales, son acciones afirmativas que tendrán que volver a discutirse en el Pleno, debido a que las disposiciones también fueron abrogadas y ahora el IEPC tendrá que justificar la permanencia de esos cambios con base en la Constitución.
Finalmente, Chacón Rojas comentó que están en la etapa de que sean notificados por parte del Congreso local, a fin de esperar el contenido de la resolución para saber el plazo que tiene el órgano local para hacer los “ajustes”; de cualquier manera, se buscará que todas las modificaciones se hagan antes del 10 de enero para dar certeza jurídica.
