En Chiapas la violencia política en razón de género se hizo evidente desde el proceso electoral del 2015 cuando se realizó una reforma a la ley electoral que obligaba a los partidos políticos a la paridad de género en el registro de sus candidaturas para las alcaldías municipales y ningún instituto cumplió.
De acuerdo a la consejera del IEPC, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, la violencia hacia las mujeres tiene diferentes manifestaciones, no se presentan las mismas agresiones en todos los contextos, depende mucho del contexto cultural y del nivel socioeconómico de la sociedad.
La violencia política en razón de género es una simulación tolerada, en razón de que los varones cercanos a las mujeres postuladas como candidatas a un cargo público en un Ayuntamiento, y que casi siempre son registrados como síndicos, son quienes ejercen el poder y toma de decisiones.
Así lo comentó en su participación en el panel virtual denominado “Violencia política en razón de género: herramientas y recursos para su identificación y atención”, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Mencionó que principalmente este tipo de violencia se da en municipios indígenas, que es donde mayor número de mujeres son postuladas, en comparación con ciudades urbanizadas.
Recordó que en el 2015, la sentencia del Tribunal Electoral otorgaba un plazo de 48 horas a los partidos para corregir sus registros, por lo que fue fácil registrar a las parejas de los varones que encabezaban las planillas.
De esta forma fue que en los municipios indígenas la mayoría de las candidaturas eran encabezadas por mujeres; en comparación con municipios urbanos, la diferencia también fue muy notable.
Como ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez se registraron ocho hombres y dos mujeres, en Tapachula 11 hombres y ninguna mujer, en San Cristóbal de Las Casas nueve hombres y una mujer, y en Comitán siete hombres y una mujer.
Algunas mujeres indígenas dicen que esta violencia está tan arraigada, que cuando las instituciones convocan a las presidentas municipales llegan los varones, en muchas ocasiones solos.
Aldama fue un caso referente, dado que el síndico fue asesinado y la mayoría de los medios de comunicación manejaron que era el edil, es decir, lo reconocían como el que ejercía el poder.
Otro municipio referente es Chalchihuitán, donde ya se dio una sentencia para que el Ayuntamiento, encabezado por una mujer, sea reinstalado, pero la población se opone.
La consejera dijo que Chiapas tiene una característica importante, y es que en 2018, de las 26 mujeres que integran el Congreso local, 13 fueron electas por mayoría relativa y 13 por representación proporcional, esto se dio debido a que se contaba con cuatro circunscripciones que obligaba a que las listas fueran encabezadas por mujeres.
Desafortunadamente el 21 de abril, el Congreso aprobó una reforma constitucional para que se reduzca el número de circunscripciones de cuatro a una, lo que obligará a que de los 13 espacios destinados para mujeres sean ahora únicamente ocho.
Sánchez Domínguez mencionó que la violencia política en razón de género se tiene que visibilizar en todos los escenarios, para comenzar a emprender acciones, aunque no les parezca a algunos partidos políticos.
La reciente reforma a la Constitución y las siete leyes que regulan la violencia política, otorga una mayor atribución para poder incluso sancionar las diferentes expresiones de esta violencia.
En el caso de Chiapas implica romper con patrones culturales que existen desde hace décadas y por la cual se han dado varias sentencias de los tribunales, para que se reconozca el papel de las mujeres.
Recordó que en el proceso electoral del 2015 ninguno de los partidos políticos cumplió con esta disposición, sumado a la omisión de los que integraban en ese entonces el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que fueron obligados posteriormente a acatar la legislación derivado de una sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
