Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, dio a conocer que uno de los delitos que en los últimos años se aplica de manera importante es el de peculado, el cual, explicó que amerita prisión solamente en casos graves, cuando los montos de los que se acusan a un sujeto son superiores a 500 días de salario mínimo, además de que puede alcanzar hasta 10 años de prisión.
En entrevista, el especialista en temas de derecho señaló que existen casos donde se puede cumplir la sentencia en libertad condicional.
En Chiapas se han presentado casos de servidores públicos o autoridades emanados del voto popular, que han sido acusados de este delito.
Uno de los más recientes es el caso del expresidente municipal de Zinacantán, Manuel Martínez, quien fue acusado de presunto peculado por el orden de 14.8 millones de pesos.
“Aquí se trata de un delito grave y se puede determinar que el inculpado esté en un área restringida en un domicilio arraigado, que es una restricción a la libertad”, explicó.
El experto dio a conocer que el artículo 430 constitucional, señala que cuando lo sustraído es inferior a los 500 días de salario mínimo, puede salir bajo fianza u obtener de dos a tres años de prisión; en tanto si lo sustraído pasa de los 500 días de salario mínimo la sanción incrementa de tres a 10 años de prisión.
Agregó que el mismo artículo 430 en su primer párrafo, refiere que si el imputado devuelve dentro de los 10 días siguientes el dinero sustraído y trata de resarcir el daño causado se le aplica una sanción de seis meses a dos años y obtiene su libertad bajo fianza, y si el Estado le otorga el perdón puede obtener su libertad.
Especificó que el delito de peculado que le imputan al expresidente indígena es un delito que se comete en contra del patrimonio del Estado y es equiparable al abuso de confianza.
Finalmente, dijo que en el caso de los funcionarios públicos se visibiliza más, dado que ejercieron un cargo público y por ello la sociedad asocia con que lo tomado es dinero del pueblo, ganando la desaprobación generalizada y por ende, el reclamo de justicia se hace más latente.
