La señora Francisca Gómez Solano pide la libertad inmediata de su esposo Pedro Gómez Jiménez, quien asegura, fue culpado de un secuestro que no cometió y detenido de forma ilegal hace 18 años en el municipio de Amatenango del Valle.
Asegura que sus condiciones de indígena y de bajos recursos ha sido motivo para no tener acceso a una justicia imparcial, ya que su esposo no contó con un intérprete en el proceso legal.
Además de que sólo pudo acceder al apoyo de defensores de oficio y no a abogados que realmente lo defendieran, por lo que para buscar su liberación ha iniciado una huelga de hambre desde hace cuatro días en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) número 10 de Comitán.
En marzo del 2003, el indígena tzeltal Pedro Gómez Jiménez fue detenido mientras caminaba por una carretera en compañía de su esposa y su bebé de tres meses.
Sin saber hablar español, el hombre con 44 años de edad (actualmente) defendió a su esposa, a quien también golpearon, y posteriormente entregaron 100 pesos para que continuara su camino.
Pedro fue llevado a bordo de una camioneta por hombres vestidos de civil y armados hasta la colonia Pujiltic del municipio de Venustiano Carranza.
En una bodega del lugar, Pedro fue torturado y obligado a firmar documentos que no sabía leer, para después ser trasladado al penal de Cerro Hueco.
Francisca Gómez narró que su esposo era el sustento de su familia, y con el acumulado de acusaciones purga una condena de 70 años, sin que tenga conocimiento de la persona que lo acusó de secuestro.
Por su parte, el defensor de derechos humanos, Alberto Gutiérrez Figueroa, comentó que la detención injusta de Pedro suma tres sentencias en el 2012 y dos más en el 2014, con lo cual se vieron violentados sus derechos humanos, ya que fue torturado; de igual manera en el proceso, porque como tal, nunca tuvo derecho a un intérprete.
