"El peso de las jubilaciones y pensiones en el país, principalmente en las grandes dependencias y empresas paraestatales del Estado mexicano se agrava conforme la esperanza de vida de las personas aumenta y el número de trabajadores activos se reduce en relación con los retirados.
De tal forma, la crisis del Estado de bienestar, que ya se ha experimentado en Europa, por ejemplo, nos está alcanzando, lo que nos obliga a convocar a todos a emprender grandes reformas al sistema de asistencia social, antes de que las finanzas del país no resistan un colapso de esa magnitud.
Es el caso de Petróleos Mexicanos, que reporta que casi 5 de cada 10 de sus trabajadores son pensionados o jubilados, lo que representa una enorme carga para la estructura financiera de la empresa, a grado tal que incluso el llamado Fondo Laboral Pemex ya resulta insuficiente para pagar sus beneficios económicos y salariales.
El propio director de la paraestatal, Luis Ramírez Corzo, ya ha comentado, en declaraciones a este diario, la necesidad de replantear con el sindicato la situación laboral de 30 mil empleados, que pudieran ser dados de baja como una forma de quitarle presión a Pemex. El hecho de que la paraestatal pudiera ser insolvente para cumplir con sus obligaciones salariales debe ser visto no sólo como una amenaza para la propia empresa, sino para todo el país, al ser un detonador de problemas en cadena para el sistema estatal de pensiones en su conjunto, que también tiene ""cuellos de botella"" ya advertidos al menos en el ISSSTE y el IMSS, que agrupan a miles de trabajadores.
Será importante que las soluciones que se planteen a esta coyuntura tomen en cuenta los derechos laborales de todos los trabajadores, cuyas conquistas en este terreno son inalienables, y se recurra siempre a consensos con los sindicatos, para que no se den pasos que lesionen sus intereses o los de las instituciones.
El diagnóstico de lo que se debe hacer para quitarle presión a las finanzas públicas por concepto de jubilados y pensionados deberá incluir formas de generar ahorros en las dependencias y de acabar con malos manejos que pudieran significar fuga de recursos, así como revisar los procedimientos internos de cada dependencia y empresa, de tal suerte que se prescinda de puestos de trabajos innecesarios, sí, pero que no se conviertan en pretexto para hacer recortes a destajo, que afecten la calidad de los servicios, ni sean la puerta para privatizar aquello que la Constitución impide ceder a particulares.
Sería oportuno, en la actual coyuntura, escuchar lo que cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República propone para enfrentar el problema de jubilados y pensionados en Pemex y en el resto de dependencias federales, dado que es un reto tan complejo que no puede ser minimizado ni reducido al planteamiento de soluciones simplistas o sólo de buena voluntad.
Los mexicanos necesitamos saber con certeza cómo se enfrentará la problemática y de dónde se obtendrían los recursos para financiar este sector, porque sin duda de ello dependerá que el futuro del sistema de asistencia social en el país sea viable.
Las pláticas que al respecto mantiene Pemex con su sindicato son un buen principio para mostrar lo que son capaces de hacer el diálogo y la negociación en situaciones límite, y marca la ruta de lo que se debe comenzar a hacer en todos aquellos rincones de la administración pública que también están amenazados por este desequilibrio que, mal manejado, pudiera convertirse en un serio dolor de cabeza para las instituciones y el erario federal. (El Universal).
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