El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del estado, Carlos Martínez Vázquez, dio a conocer que derivado de la pandemia existe un importante retraso para atender los más de 18 mil casos en manos de este organismo.
En este panorama, expuso que aún no se sabe cuánto tiempo se requerirá para resolver los más de 18 mil 200 asuntos o conflictos laborales del estado.
“El tema de la pandemia ha demorado aún más el avance, para cumplir a cabalidad con el plan que nos habíamos propuesto para concluir a la brevedad posible este tema”, comentó.
La entidad es uno de los ocho primeros estados del país que entró con la reforma en materia de justicia laboral, mientras que la segunda fase se dará en este año y la última en el 2022, para que todos estén a la vanguardia tanto a nivel local como federal.
“Desde el 2019 la entidad chiapaneca se reunió con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Poder Judicial de la Federación y la misma JLCA para asumir dicho compromiso”, destacó.
Recordó que, en noviembre de 2020, se inició con los órganos de impartición de justicia a nivel local como el Tribunal Laboral.
“Por lo que se abrieron dos juzgados laborales, uno en Tuxtla y otro en Tapachula, además de un Centro de Conciliación en la materia, mismos que ya se encargan de los nuevos asuntos o controversias entre patrones y sus trabajadores, pero de forma pausada por la contingencia sanitaria por el covid-19”, reconoció.
Estos nuevos espacios cuentan con sus estructuras orgánicas, tienen jueces, secretarios instructores, actuarios y todo el personal administrativo necesario.
Por el momento se mantienen los 123 trabajadores de las siete Juntas de Conciliación, más la local, “se tiene que respetar todos los derechos de ellos; una vez que todo esto se concluya, es decir que comience el cierre de algunas Juntas”.
La ventaja de ahora en materia laboral es que la conciliación se puede pactar en 45 días naturales, de tres a seis meses, no más, sin tantos formulismos.
Precisó que la JLCA tiene siete Juntas especiales: dos en Tuxtla, una en Tapachula, otra en Tonalá, una más en Comitán, uno en Palenque y otro en Pichucalco, donde han estado atendiendo mediante citas.
Por último, dijo que al depender del Poder Ejecutivo, existe la posibilidad de que algunos casos para ser resueltos sean movidos a otras dependencias, o salvaguardarles sus derechos con una liquidación de acuerdo con la ley.
