Las pensiones alimentarias a los adultos mayores han sido uno de los mayores éxitos de las administraciones perredistas en la capital del país. La vulnerabilidad de ese sector había sido ignorada hasta entonces, por lo que el apoyo se convirtió velozmente en la bandera progresista del Gobierno del Distrito Federal. Reducir o eliminar el programa tendría enormes repercusiones sociales, pero también políticas.
A menos de cuatro días de que entre en vigor una reforma a la Ley de Pensión Alimentaria de Adultos Mayores, que incorporará a las personas de 68 y 69 anos de edad en el programa -hasta ahora efectivo para quienes tuvieran más de 70 anos-, el jefe del GDF, Marcelo Ebrard, anunció que ya no tendrá dinero para otorgar el apoyo a los nuevos beneficiarios.
Ebrard sabe calcular bien sus movimientos políticos. Asumió por adelantado la ausencia de ese dinero sin saber siquiera cómo estarán conformados los presupuestos federal y el de la entidad que gobierna. Vamos, ni siquiera han sido presentadas las propuestas en San Lázaro o en la Asamblea Legislativa local. Se trata, pues, de un cálculo político anticipado.
Si la Cámara de Diputados le reduce el presupuesto al DF la responsable a la vista de todos será la Federación. Pero si consigue los recursos necesarios entonces habría sido él quien logró el financiamiento del programa. Sea cual sea el caso, hay que aceptar que el programa es de un éxito tal que ya ha sido replicado en otras entidades de la República.
Sería dramático, sin duda, dar marcha atrás a este avance. Garantizar la alimentación y la vida digna de las personas es la mejor forma de evitar la fragmentación de la sociedad. Y en tiempos de crisis mantener esas condiciones mínimas de cohesión social se vuelve más necesario que nunca. El universal
