Habitantes del municipio de San Cristóbal de Las Casas protestaron en Tuxtla Gutiérrez frente a Palacio de Gobierno para denunciar el ecocidio que se está cometiendo en la reserva natural Quemvó Cuxtitali que podría dejar sin agua a seis mil familias que viven en el barrio originario de Cuxtitali y en la parte alta de la ciudad coleta.
Saúl Martínez, representante de las personas afectadas, lamentó que ninguna autoridad (estatal, municipal o federal) intervenga en la problemática para frenar el daño al medio ambiente.
El gobierno de San Cristóbal de Las Casas, que encabeza Jerónima Toledo, enfatizó, ha sido omiso para frenar el ecocidio y sólo da largas al tema mediante la instalación de mesas de trabajo.
Al existir abandono de las instancias gubernamentales, los manifestantes recurrieron a una serie de amparos ante organismos federales para proteger la reserva; por ello, exhortaron a los jueces que están revisando el caso a que hagan su trabajo en apego a derecho y que no se dejen corromper por presiones políticas. La sentencia se emitirá en los siguientes meses.
Las audiencias que estaban programadas para este mes fueron suspendidas; demandaron (por omisión) a más autoridades que no han respetado el Decreto 516, que establece que Quemvó Cuxtitali está en custodia del Sistema de Agua Chupactíc.
La tala inmoderada de árboles en la zona impide la filtración de agua, lo que complica el suministro del vital líquido a las seis mil familias; además, los incendios que se están provocando acaban con la tubería por donde pasa el vital liquido.
Francisco López Martínez, presidente del Sistema de Agua Chupactíc, pidió respeto al territorio, a los bienes naturales, las leyes y el espacio que tienen las reservas económicas, debido a que se han deforestado más de 100 hectáreas que colindan con espacios que deberían de ser protegidos.
El negocio redondo para los taladores, denunciaron, se hace al derribar la vegetación de encinos, ocote y roble, madera que venden de forma ilegal y ninguna autoridad ambiental combate ese delito.
Durante ocho años de resistencia, desde que comenzó el ecocidio, calculó, los invasores de Molinos Los Arcos -acusando a José López Pérez y Alonso López Pérez- han depredado el 60 por ciento de la reserva que tiene una superficie de 22.13 hectáreas.