Sergio Antonio Rayo Cruz, presidente de la Integradora de Transportistas de Carga y Pasaje en Chiapas, dio a conocer que durante los 10 días que tardaron las protestas de los normalistas, este sector perdió cerca de 18 millones de pesos.
Cabe recordar que por 10 días los estudiantes normalistas se manifestaron en las inmediaciones de la obra del doble paso a desnivel en el acceso poniente de Tuxtla Gutiérrez, lo que en suma dejó pérdidas económicas superiores a los 18 millones de pesos.
Empresarios ubicados en la zona de la obra expresaron que las pérdidas económicas corresponden a establecimientos que se mantuvieron cerrados por 10 días.
También se afectó considerablemente el acarreo de material de 40 camiones de volteo, máquinas de construcción, sueldos de trabajadores y demás; sin embargo, no presentaron ninguna denuncia ante la FGE, por tratarse de una problemática político-social.
El representante de este sector dijo: “Afectaron a 16 empresas que tenemos ahí o que estamos ahí ubicados entre transportistas. Son cinco empresas transportistas, están tres casas de materiales, hay gente que se dedica a las cuestiones de material eléctrico automotriz y todos ellos fueron afectados por 10 días”.
En este mismo sentido, los empresarios de la construcción han refrendado su petición en los últimos días de reubicar a la Escuela Normal Rural Mactumactzá por este tipo de actos.
La CMIC Chiapas señaló que los daños no sólo son en contra de las empresas que trabajan en la obra, sino en toda la cadena productiva, es decir, desde los distribuidores de material, renta de maquinaria, los empleos formales, entre otros.
También argumentan que debido a la interrupción de la obra se perdió hasta 50 mil pesos diarios. “Las afectaciones fueron por la paralización de la empresa que realiza los trabajos. Entre los empleos formales e informales es un cálculo aproximado, pero la pérdida podría ser más”, dijo en su momento el presidente de organismo.
Ante este complicado escenario, se reitera que el llamado ya realizado es para que se aplique el Estado de derecho en contra de quien o quienes realicen este tipo de actos que atenten contra la economía.