Cientos de católicos marcharon en Chilón para exigir la liberación incondicional de dos indígenas tseltales, procesados desde hace casi dos años por bloquear una carretera en la región Norte de la entidad.
Los manifestantes también pidieron que haya una “revisión justa y veraz del caso de nuestros hermanos de Pantelhó, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz”, presidente y primer regidor del desaparecido Concejo Municipal.
“El día de hoy salimos a peregrinar en el nombre de Dios para elevar nuestras voces en favor de quienes han sido injustamente detenidos. Lo hacemos ante el inminente juicio que se llevará a cabo el día 27 de septiembre, en la ciudad de Ocosingo, en donde nuestros hermanos José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano enfrentarán, de manera infundada, un proceso penal en libertad, en el que serán juzgados y se les dictará sentencia”, afirmaron en un comunicado.
Recordaron que el 15 de octubre de 2020, “estos hermanos, de manera legítima y en pleno ejercicio de su derecho a la manifestación, salieron a protestar pacíficamente, junto con otros pobladores, encontrando como respuesta una brutal represión y la privación de su libertad”.
Añadieron que gracias a la solidaridad de las organizaciones defensoras de derechos humanos que intervinieron legalmente, fueron liberados el 1 de noviembre de 2020, con la condición de continuar su proceso penal presentándose de manera periódica ante el Juzgado de Control de Ocosingo. “Ante tal injusticia, nos manifestamos para exigir su libertad absoluta”, mencionaron.
Consideraron que su detención fue “injusta y arbitraria, y su criminalización ha sido por defender los derechos de los pueblos originarios, su territorio y sus costumbres, sustento vital de nuestras comunidades”.
Los organizadores aseguraron que en la peregrinación participaron católicos de varias regiones pertenecientes a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
En el comunicado también hicieron un llamado a todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a “estar atentos y solidarizarse activamente con estos casos de criminalización, que se suman a la persecución de quienes buscan caminos de paz con justicia y dignidad para los pueblos originarios”.
Agrupados en la organización llamada “Pueblo Creyente” de la diócesis local, también exigieron la cancelación definitiva de la orden de aprehensión en contra del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco del templo de Guadalupe de San Cristóbal, “cuya inocencia es evidente”.