La situación de inseguridad en que viven y trabajan los periodistas en México se ha agravado seriamente en los últimos seis meses, según un puntual informe presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por el vicepresidente para México de la Comisión de Libertad de Expresión e Información, Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General del Grupo Editorial EL UNIVERSAL. Esta reunión de la SIP, efectuada en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, es un preocupante toque de alerta de un problema que vemos crecer con incertidumbre en nuestro país, sin que las autoridades logren anotar un tanto todavía. En efecto, según el informe, de marzo a septiembre nueve periodistas han sido secuestrados, desaparecidos y asesinados en México, que de ese modo encabeza la lista de países del continente americano con mayor número de atentados contra la prensa.

Hay indicios suficientes para que las autoridades afirmen que cinco de los atentados han sido directamente ordenados por las organizaciones criminales y otros cuatro se atribuyen a motivos personales. En ninguno de los casos, sin embargo, los resultados han concluido con la aprehensión, enjuiciamiento y castigo de los criminales. Una cosa sí es evidente y ha de tomarse en cuenta. Las pistas de los crímenes están en las propias informaciones que los periodistas publicaron en sus medios. Esa es la principal fuente en la que los investigadores han de abrevar para esclarecer los atentados.

El Presidente y Director General de EL UNIVERSAL, cuyos periódicos han estado permanentemente atentos a las precarias condiciones de seguridad y falta de garantías en que los periodistas trabajan en México, lamentó que el crimen organizado esté avanzando en su acometida contra la prensa libre, en tanto que el silencio que envuelve a cada caso, a pocos días de sucedidos, favorezca el olvido.

El reclamo y la propuesta contra la agresión a la prensa debe ser fuerte y sostenida, a la vez que solidaria, para presionar a las autoridades federales y locales al esclarecimiento de estos crímenes, tal y como lo planteó la misma Sociedad Interamericana de Prensa en su Declaración de Hermosillo el 30 de agosto pasado.

Con ser las más graves, no son los asesinatos las únicas acciones contra los periodistas. También hay amenazas, abiertas o sutiles, senales ominosas para que no incursionen en terrenos que se quieren al margen de la ley y el orden, y actos de represión patrocinados por autoridades locales o quienes se presumen intocables. Nunca ha estado desprovisto de riesgos el ejercicio del periodismo responsable, independiente, que anteponga siempre los intereses sociales. Pero en los días que corren, el interés en acallar esas voces de libertad se manifiesta con mayor ferocidad y frecuencia, como que sus promotores sienten que la impunidad los ampara y que su poder de fuego supera al de los agentes de la ley.

La denuncia viva en tiempo y forma es importante. Sin embargo, la SIP también consideró en Hermosillo la conveniencia de elevar a rango federal los ataques contra los periodistas, que en el fondo buscan suprimir una de las garantías individuales, como son las de expresión, información y prensa. Pero esta medida debería acompanarse con otra sobre la no prescripción, para inhibir los potenciales atentados. Del mismo modo, la SIP prevé capacitar a periodistas y editores en las coberturas de asuntos de alto riesgo, asegurar la continuación de las investigaciones que llevaban a cabo sobre los comunicadores sacrificados e insistir en el combate a la impunidad, aliciente eficaz del crimen en todas sus formas. (El Universal).