En Chiapas, el principal peligro para la prensa no son los grandes crímenes, sino delitos silenciosos como amenazas y disputas por daño moral, según reveló José Vicente Díaz Coutiño, director de Protección a Periodistas de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el marco del taller “Libertad de Expresión: generalidades, límites, alcances y protección constitucional”, el funcionario estatal explicó que la mayoría de los casos que atiende su área corresponden a delitos de bajo impacto, alejados del homicidio o la desaparición forzada que suelen acaparar los titulares nacionales.
Daño moral
“Normalmente atendemos delitos no graves —señaló Díaz Coutiño—, como amenazas. Muchos periodistas acuden a esta dirección por ese motivo. También hay una figura jurídica que hoy está en el ámbito civil: el daño moral. Antes se manejaba en materia penal como difamación, pero tras la reforma, esas acciones ya no se judicializan penalmente”.
Ante este escenario, la dependencia ofrece acompañamiento y promueve mecanismos de conciliación entre las partes, aunque sin posibilidad de llevar estos casos a un proceso penal.
El director aclaró que la transición de Fiscalía de Periodistas a Dirección para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, no implicó una reducción de competencias. Actualmente, esta área opera dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos y conserva los mismos alcances de investigación y atención que cuando funcionaba como fiscalía especializada.
Otras direcciones
Dentro de esta misma fiscalía coexisten otras direcciones: Discriminación, Atención a Víctimas, Derechos Humanos, Políticas Estratégicas y Antitortura.
Díaz Coutiño adelantó que, además de los talleres para trabajadores de medios, se impulsarán acciones formativas dirigidas a funcionarios públicos y cuerpos policiales. El objetivo es que conozcan los protocolos de atención y respeten la labor periodística.
“En varias ocasiones, periodistas han reportado restricciones para grabar o tomar fotografías durante coberturas —comentó—. Esas situaciones no siempre están tipificadas como delito en el Código Penal del estado, pero limitan el ejercicio de la libertad de expresión”.
Por ello, se buscará capacitar a policías estatales y municipales en el protocolo homologado de protección a periodistas, para que sepan cómo actuar ante cualquier incidente que involucre a comunicadores.
