El creciente número de atentados y amenazas en contra de periodistas y comunicadores de todos los medios en México causa ya inquietud y alarma entre la opinión publica nacional e internacional.
Por ello despertó verdadera indignación el fallecimiento en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de Guadalupe García Escamilla, reportera de Radio Stéreo 91 de esa ciudad, luego de 11 días de permanecer en terapia intensiva tras el atentado a balazos en el que fue víctima la manana del martes 5 de abril.
La furia asesina del hampa no respeta a ningún sector de la sociedad y revela la existencia de una grave fragmentación social en muchas zonas del país. Ya son más de 100 las ejecuciones cometidas en lo que va del ano, sobre todo las que se atribuyen a los narcotraficantes.
La muerte de García Escamilla se produce a menos de una semana del asesinato, también a tiros y cerca de Papantla, Veracruz, de Raúl Gibb Guerrero, propietario del periódico La Opinión, de Poza Rica, quien además de informar sobre actividades del narcotráfico había denunciado a las mafias de ladrones de gasolina de los ductos de Pemex. Permanece también desaparecido en Hermosillo el periodista Alfredo Jiménez, quien reporteaba asuntos del narcotráfico. La preocupación por estos sucesos y la aparente indiferencia de las autoridades, ante el repunte de la violencia contra todo tipo de ciudadanos, han llamado la atención en el ámbito internacional.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante su reciente reunión en Panamá, dio la voz de alarma sobre lo que ocurre en México. También el asunto atrajo la atención de publicaciones como The Washington Post, que ha analizado sistemáticamente cómo en diversos países como México se ha incrementado la hostilidad en contra de los comunicadores, con el obvio propósito de impedir que revelen a la sociedad sobre las actividades delictivas de todo tipo, pero también sobre los abusos de algunos grupos de poder.
Pero la reacción de las autoridades mexicanas ha sido lenta e insuficiente. Por lo pronto, ayer en Durango, el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, aseveró que en la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública propondrá la creación de un sistema de atención a periodistas que enfrenten amenazas reales por parte del crimen organizado, con el objetivo de evitar que sigan siendo víctimas de estos grupos delictivos, como ha ocurrido en los últimos días en Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Pero los periodistas no necesitan un sistema de atención especial, requieren del mismo tipo de protección y resguardo ante amenazas que merece cualquier ciudadano.
Lo que sí merecen los familiares de los comunicadores asesinados o desaparecidos es una pronta investigación de parte de las autoridades policiacas y la inmediata detención de sus agresores.
Ello tendría un poder de disuasión mucho mayor ante delincuentes organizados que han visto que se puede asesinar a figuras públicas con casi total impunidad. No requiere mucha investigación comprender que muy probablemente los culpables están entre quienes han sido denunciados por los reportajes de los periodistas agredidos.
La sociedad demanda una respuesta mucho más enérgica y eficaz. De nada sirven los desfiles militares ni las medidas de gran efecto. Se necesita una investigación de mucho detalle y amplia inteligencia. Es necesario entender que, al ser agredido y acallado un periodista, la comunidad queda inerme ante los que viven a sus costillas. (El Universal)
