Los periodistas en México se están enfrentando a un fenómeno que sólo les deja dos opciones: el silencio o la muerte. Investigan e informan sobre las actividades del crimen organizado, como harían militares y policías, con la diferencia de que para defenderse los comunicadores cuentan únicamente con la pluma y el micrófono. Pero más grave que esa vulnerabilidad es la actitud de las autoridades federales, que ante las agresiones, los secuestros y los asesinatos parecen más interesadas en lanzar bolas de humo sobre los motivos de las desapariciones que en hallar a los culpables.
Resulta que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, órgano de la PGR encargado de investigar y resolver este fenómeno, supone que 80% de los crímenes en la materia son en realidad delitos comunes no vinculados con la profesión de las víctimas.
En principio, cabe dudar de las suposiciones de una fiscalía legalmente acotada para investigar los casos, imposibilitada de tener injerencia en las investigaciones que indaga la PGR e incompetente para atraer la mayoría de los asuntos -90%- en el fuero común.
Además, øcómo es que llega a establecer conclusiones sin pruebas que sustenten el móvil de los crímenes y sin tener a los responsables detenidosú Añádase que la enorme mayoría de las agresiones sucedieron en los lugares donde el narcotráfico, los cacicazgos y demás flagelos tienen mayor presencia. øO acaso es sólo casualidadú Más parece una obsesión por lavarse las manos.
Después de Irak, México es el país con más agresiones contra periodistas, y lo seguirá siendo mientras el gobierno federal no asuma plenamente que sin una prensa protegida es imposible una sociedad bien informada y cohesionada en contra del crimen organizado, tal como lo exige el propio Presidente de la República.
El Universal
