"Carlos Herrera * CP. Cuatro organizaciones evangélicas de la región Altos de Chiapas solicitaron la intervención urgente de los diputados del Congreso del Estado para buscar una solución al caso de intolerancia religiosa que existe en la comunidad de Los Pozos, en el municipio de Huixtán.
En un oficio dirigido al Congreso local, los organismos evangélicos detallan una serie de abusos que habrían cometido autoridades tradicionalistas, con la complicidad de las autoridades municipales, en contra de los evangélicos, que van desde detenciones ilegales, destrucción de un templo evangélico, dos mujeres indígenas presuntamente violadas, amenazas para firmar actas de acuerdos violatorias de los derechos, entre otras arbitrariedades.
Informan que en enero del ano 2007, los tradicionalistas de Los Pozos cortaron el servicio de agua a cinco familias evangélicas, les prohibieron cortar lena en la montana y retuvieron recursos del Procampo que le correspondía a 10 evangélicos de dicha localidad.
Advierten ""que estos hechos ponen en riesgo la integridad física y la vida misma de ninos, mujeres, ancianos y a toda la comunidad evangélica del lugar"", además de que senalan a las autoridades municipales, estatales y federales, de haber incurrido en actos de omisión.
Piden que el Congreso instruya a la Contraloría General del Estado para que realice una investigación de las averiguaciones previas radicadas, así como todas las órdenes de aprehensión pendientes con motivo de hechos de intolerancia religiosa en la región de los Altos de Chiapas, sobre todo los ocurridos en la comunidad de Los Pozos, municipio de Huixtán.
Indican que en caso de encontrar responsabilidad en los servidores públicos por acción, omisión o por haber dejado en estado de indefensión a las víctimas, que la Contraloría instaure el correspondiente procedimiento en contra de quien o quienes resulten responsables.
Los organismos solicitan que se garantice en el estado de Chiapas, la plena libertad de creencia y de culto religioso, ""lo cual no debe por ningún motivo estar condicionado ni sujeto a negociaciones, multas económicas, usos y costumbres de ninguna autoridad comunitaria, asamblea ejidal ni por disposición de ninguna autoridad municipal"".
En entrevista, Esdras Alonso González, pastor de la organización Alas de Águila, solicita a la Comisión de Justicia del Congreso local haga un extranamiento al alcalde del municipio de Huixtán, Manuel Álvarez Martínez, para que garantice la libertad religiosa.
De lo contrario pedimos un juicio de procedencia contra el Presidente Municipal de manera que se pueda garantizar la libertad, refiere Esdras Alonso, quien advierte que ""si este problema lo dejan crecer, no se lamenten más tarde de que puedan surgir confrontaciones en la comunidad por omisión de las autoridades; están obligados a actuar"".
Aparte de Alas de Águila, los organismos que firman este documento son el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACh); la Comisión Evangélica de los Derechos Humanos; así como la Barra de Abogados Cristianos de los Altos de Chiapas.
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