En forma abierta e insistente mantienen presencia extorsionadores del denominado cobro de piso o “impuesto de guerra” en Cacahoatán, con lo que el destino de muchos choferes, concesionarios y permisionarios del servicio público de pasaje ha cambiado tras las visitas de sicarios armados, quienes entregan teléfonos económicos a choferes de organizaciones transportistas para establecer comunicación y hacerlos víctimas de sus peticiones.
Este gremio en Cacahoatán trabaja y vive en completo miedo ante las violentas amenazas de muerte y daños si no pagan las cuotas luego del asedio de los delincuentes, mismos que se desplazan en motocicletas generando intranquilidad en esta zona fronteriza.
Hay inquietud por esta presencia delictiva, siendo las únicas alternativas el pagar dicha cuota, dejar la actividad, huir o paralizar el servicio por seis horas en los municipios donde se vive este fenómeno, en el caso de quienes buscan un eficiente combate a las bandas.
El asedio a los choferes, directamente a los concesionarios de rutas foráneas de la cabecera municipal de Cacahoatán hacia comunidades rurales y hacia Tapachula es persistente. La autoridad de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad y gobierno tuvieron conocimiento del primer caso ocurrido en una terminal del centro de Cacahoatán e implementó vigilancias y operativos, tratándose de acciones están siendo burladas por los delincuentes que mantienen vigentes sus amenazas.
Los delincuentes han subido de tono sus amenazas, pues señalan a través de llamadas vía WhatsApp o mensajes que presuntamente salen de centros penitenciarios, tienen identificadas a sus víctimas con nombres y números de unidades, generando gran pánico entre la población.
Este panorama se ha convertido en una historia de terror para muchas familias, quienes han tenido conocimiento de cómo operan estas células delictivas en la zona costera de Chiapas; hay acciones en su contra, pero que no incide en una erradicación, ya que se mantienen vigente este actuar criminal.
Las denuncias y señalamientos para ventilar esta problemática ante diversas autoridades han creado un efecto contrario para la paz y la tranquilidad de este gremio, pues de parte de las instituciones de seguridad ha habido poca respuesta, sin que hasta el momento se haya evitado —menos solucionado— este fenómeno delictivo.
Los estrategas de estas acciones ilegales han salido librados, por otra parte se ha detenido a algunos de los cobradores (hombres y mujeres) —a los que amenazan y se desplazan en motociclistas—, que en su mayoría aducen ser pandilleros de bandas trasnacionales e incluso, en algunos casos, menores de edad.
La pésima aplicación de las leyes mexicanas y el nulo accionar de algunos funcionarios han permitido que abogados contratados por esta mafia que cuenta con recursos económicos, producto de las mismas extorsiones, enfrenten exitosamente a la autoridad y así las penas resulten menores.
