Aunque las autoridades estatales han otorgado en tiempo y forma los alimentos a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento, hasta el momento prevalecen las condiciones de hacinamiento y no cuentan con las garantías de retornar a sus hogares, mencionó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.
Lo que hace falta, explicó, es que el Estado mexicano cumpla con la asignación de viviendas y que cuenten con las condiciones para una estancia digna.
Como ejemplo, los pobladores del ejido Puebla del municipio de Chenalhó viven en galeras (en San Cristóbal de Las Casas) que antes, dijo el activista, se utilizaban para la producción de pollos.
El lugar no cuenta con ventanas o divisiones; son espacios de 10 por 12 metros y llegan a vivir hasta 30 personas en ellas. “Hay dos familias por cada galera, no hay posibilidad de privacidad, no hay servicios sanitarios, comparten tres módulos que se descargan en tres fosas sépticas que, continuamente, deberían ser desazolvadas; sin embargo, hay un atraso permanente”, complementó.
Sin embargo, reconoció que el gobierno local ha entregado de forma suficiente los alimentos desde diciembre y se tienen garantizados hasta febrero de este año.
Cadenas Gordillo comentó que al no existir las condiciones de higiene en los lugares donde viven los desplazados, se han encontrado casos de problemas gastrointestinales; a ello se le suman las condiciones climatológicas.
La Coordinadora de Desplazados alberga a personas de Ocosingo, Zinacantán, Chenalhó y otras zonas de la entidad; en los primeros dos municipios no se han encontrado los canales adecuados para conseguir viviendas, por eso es que las partes afectadas promovieron un amparo que resultó favorable para ellos.
La sentencia, mencionó Gordillo, contempla que las autoridades estatales deben garantizar 12 meses de renta para las personas de Shulvo, Zinacantán.
Los problemas de desplazamiento son históricos en Chiapas; en el caso del ejido Cintalapa del municipio de Ocosingo, las personas fueron retiradas de sus hogares desde hace 10 años y la única ayuda que han recibido es la renta de una bodega y ahí viven en condiciones de hacinamiento más de 40 personas.
El activista en materia de derechos humanos comentó que con base en los casos documentados que tienen, la mayoría es forzado y se han presentado durante el desarrollo de los procesos electorales.
Finalmente, consideró que si la autoridad aplica el estado de derecho se generarían las condiciones para un retorno seguro, no obstante, observan que las instancias gubernamentales buscan ya no mover más dicho asunto en las comunidades.