A casi un año de la despenalización del aborto en Chiapas, organizaciones advirtieron que las barreras para acceder a este servicio persisten.
De acuerdo con Michelle Domínguez, integrante de la Red de Monitoreo por el Acceso al Aborto en Chiapas, el principal obstáculo es que, aunque la ley permite a las mujeres y personas gestantes interrumpir un embarazo de manera legal, las instituciones de salud no han generado los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo.
La integrante advirtió que la despenalización sigue sin traducirse en un derecho efectivo, pues los servicios de salud no cumplen con garantizarlo.
“Tenemos una ley que, en los hechos, sigue siendo letra muerta. Si ya existe un marco jurídico que respalda el derecho a abortar, es responsabilidad de las instituciones garantizarlo, con rutas claras de atención y acceso a información. Y ahí es donde está el mayor atorón”, señaló.
Por otro lado, destacó que pese a los avances legislativos persisten limitaciones, como la falta de difusión de información en comunidades rurales, la resistencia de personal médico y el estigma social que aún rodea al tema.
“El reto sigue siendo socializar la despenalización y sacar el tema al espacio público. No se trata solo de un cambio en el papel, sino de que las personas realmente puedan acceder a un servicio seguro y digno”, apuntó.
El acompañamiento de las colectivas
La Red de Monitoreo está conformada por distintas colectivas y organizaciones, entre ellas la Red de Médicas, Saquil en la región Altos, la Red de Parteras y acompañantes en la Frontera Sur, además de iniciativas como Línea Aborto.
Cada una realiza acompañamientos autónomos a quienes deciden interrumpir su embarazo, al tiempo que se impulsa la difusión de información y el monitoreo del cumplimiento institucional.
Sobre las cifras, explicó que existe una amplia discrepancia entre los datos oficiales y los registros de las redes de acompañantes.
“No son un montón de mujeres las que abortan, pero sí hay una diferencia abismal entre lo que reportan las instituciones y lo que vivimos en campo. Eso refleja que el acceso sigue limitado y que tampoco se garantiza la transparencia en la información”, agregó.
Asimismo, la activista subrayó la necesidad de erradicar el estigma social en torno al aborto.
“La persona que decide abortar tiene mil razones para hacerlo. La ciudadanía debe entender que es un derecho, y que nadie debería ser juzgada por ejercerlo”, enfatizó.
Exhortó a las instituciones a cumplir con su responsabilidad legal.
“No se trata de una concesión, es un compromiso que ya está en la ley. El aborto es un derecho y las autoridades tienen la obligación de garantizarlo”, concluyó.
