Mario Gómez, colaborador de la organización civil Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, A.C. (Acasac), destacó las persistentes violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes indígenas en los Altos de Chiapas durante su participación en el foro de la organización del Observatorio de Muertes Maternas (OMM).
Con más de diez años de trabajo en la región, Gómez subrayó que el problema trasciende las “cifras frías” pues se trata de niñas convertidas en madres antes de comprender su propio cuerpo, en comunidades donde el desconocimiento sobre sexualidad es generalizado.
“Las niñas y niños no conocen sus cuerpos ni tienen información sobre salud sexual reproductiva cuando ya son padres”, afirmó.
Barreras estructurales
El activista señaló que, pese a existir marcos legales, los derechos reproductivos no llegan a las comunidades indígenas. Documentación recabada por Acasac junto al Comité Promotor por una Maternidad Voluntaria en Chiapas revela la normalización de embarazos en niñas de 12 o 13 años y matrimonios forzados por padres o autoridades locales.
“Persisten usos y costumbres que, aunque preservan cultura, transgreden derechos fundamentales”, indicó Gómez. Alertó sobre uniones tempranas “con cifras alarmantes”, incluyendo niñas de 12 años con parejas mayores de 40 o 50 años, donde muchos embarazos son resultado de violación.
Fallas sistémicas
La brecha cultural agrava el problema pues la información sobre salud reproductiva rara vez llega en lenguas maternas o con enfoque de cosmovisión indígena. Esto empuja a jóvenes a buscar datos en redes sociales, donde abunda la desinformación.
Gómez añadió que el sistema de salud enfrenta graves carencias: personal que no asiste a clínicas, falta de materiales básicos y desorganización por la reestructuración del sector.
“La atención a adolescentes antes estaba en servicios amigables, pero ahora no está claro cómo funcionará”, expresó, lo que genera desconfianza y aleja a los jóvenes de los servicios.
Ante este panorama, Acasac propone colaboración con instituciones gubernamentales para implementar estrategias de sociedad civil, incluyendo materiales con pertinencia cultural y enfoques comunitarios probados.
