A pesar de que existe un reconocimiento en la teoría y en el marco jurídico, la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Araceli Burguete Cal y Mayor, expuso que “la población indígena no ha logrado que sus derechos, en el debate electoral, sean reconocidos en sentido estricto”.
En el VII Foro Social sobre Democracias Otras, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), la socióloga ejemplificó con el Distrito local 5 de San Cristobal de Las Casas, al cual le corresponde una persona indígena, sin embargo, no pasó “los cánones de la teoría”.
“Fabiola Ricci es la diputada indígena del Distrito 5, una persona que se ha postulado tres veces y que antes dijo que era chol, luego dijo que era tseltal y ahora dijo que es tsotsil; y ¿por qué puede darse esto?, porque las reglas son laxas, aguadas, en términos chiapanecos: mero líquido”, dijo la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
El reto
La investigadora detalló que hay requisitos tan amplios que, “al final del día, entra cualquier persona, y en este momento no se sabe en el Congreso local quién es indígena, excepto cuando las personas directamente se señalan como tal”.
“Se va a ir a elecciones en un nuevo esfuerzo, después de una consulta y nuevas delimitaciones; para saber quién es una persona indígena es un debate no resuelto. Ahora se dice que deben de ser hablantes de la lengua indígena, pero ahí es donde la cosa se ensancha tanto que termina siendo vacía, porque ponen criterios como la validación de una autoridad”, subrayó la galardonada con el Premio Jan de Vos.
Distribución y vacío electoral
Resaltó que los acuerdos de San Andrés, de 1996, plantean —entre otras cosas— el reconocimiento a la autonomía en dos ejes: fortalecer su representación política y las legislaturas, así como el gobierno propio, los cuales quedaron materializados hasta el 2001 en la redistribución electoral que, gracias a luchas legislativas, con el tiempo quedaron delimitados como distritos electorales indígenas aquellos que tenían más del 40 % de hablantes de población indígena.
El Instituto Nacional Electoral (INE) subrayó a los partidos políticos postular candidatos indígenas, sin embargo, “el problema antes y ahora está en la complejidad de definir quién jurídicamente es una persona indígena”.
