Chiapas, Oaxaca y Guerrero se encuentran entre las 22 entidades de México donde se concentra el mayor número de personas jornaleras agrícolas que regularmente son enganchadas para laborar fuera de sus lugares de origen, en condiciones precarias y sin un contrato formal.
Margarita Nemecio, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC (Cecig), mencionó también a Veracruz, Michoacán, Estado de México, Puebla, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Baja California, entre otros.
De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en el 2020 un total de 2 millones 330 mil 305 personas (entre hombres y mujeres) laboraban como trabajadores agrícolas en México.
“Hemos ubicado toda una gama de problemas estructurales que atraviesan las personas jornaleras y sus familias, sobre todo los relacionados con la violación de sus derechos; una de ellas es que, como personas trabajadoras, son población invisibilizada”, explicó Nemecio desde Tapachula.
Es decir, las personas están en un sector donde la precarización laboral se agudiza desde que son contratadas en condiciones de explotación y de trata de personas, con fines de explotación laboral.
Acuerdos verbales
Como organización han documentado carteles con ofertas laborales que en primer contacto ofrecen prestaciones, entre otros servicios, los cuales no se vuelven a plasmar en ningún documento; “básicamente, muchas de las actividades que desarrollan están pactadas en su mayoría por acuerdos verbales”.
No existen escritos que formalicen la relación laboral por medio de un contrato que garantice condiciones dignas de trabajo, sobre todo de vida, si se toman en cuenta sus familias con las que deben migrar de otros estados para obtener el empleo.
