Actualmente, 19 entidades del país han modificado sus ordenamientos jurídicos para garantizar la rectificación de datos en el acta de nacimiento y, con ello, reconocer el derecho a la identidad de género de las personas trans. En Chiapas, las dos iniciativas que se han presentado en el Congreso local sobre el tema, fueron enviadas a la “congeladora”.
La activista trans, Maricarmen Pereyra Vázquez, comentó que las personas trans en el estado necesitan recurrir a un juicio de amparo, que dura aproximadamente seis meses con un costo mayor a los 15 mil pesos, para poder modificar su acta de nacimiento y así el resto de sus documentos personales.
Recordó que ya en el 2011 y en la legislación pasada se presentaron iniciativas para modificar el Código Civil, pero no fueron pasadas al Pleno para su votación, por lo que las personas trans siguen en total indefensión jurídica porque su expresión de género no coincide con sus documentos.
Mencionó que al parecer una diputada de la actual legislatura está interesada en retomar el tema, por lo que buscará el acercamiento para incidir de forma en que la legislación se modifique de forma completa e integral, es decir, que aborde todos los ámbitos, como el acceso a la salud, educación, empleo y no sólo la cuestión legal.
El objetivo debe ser que cada rubro, como salud y educación, tengan un área de atención a promover la inclusión y la no discriminación; pues dijo que en el ámbito educativo, por ejemplo, no hay inclusión, no hay reconocimiento a las infancias y las adolescencias trans, donde los obligan a presentarse según su sexo biológico, lo que representa un acto de violencia.
Pereyra Vázquez indicó que al no coincidir sus documentos personales con su identidad y expresión de género, las personas trans se enfrentan a una serie de dificultades bastante graves, sumado al estigma y la discriminación que ejerce la sociedad en su contra.
No pueden acceder a un trabajo formal bien remunerado, no tienen acceso a escuelas públicas, lo que las hace recurrir al trabajo sexual como su única alternativa para obtener ingresos, así como a desistir en seguir con sus estudios. Tampoco pueden tramitar documentos como el pasaporte, la credencial de elector o comprar boletos de avión.
“Es mucha violencia la que sufren las personas trans, sobre todo las mujeres; un claro ejemplo es que no existen transfeminicidios en el estado, porque no están tipificados, por lo tanto los crímenes de odio no se documentan por las autoridades (como tal), la ley no reconoce a las víctimas como mujeres trans”, apuntó la activista.
En los casos de agresiones y crímenes contra mujeres trans, las autoridades documentan a las víctimas como hombres, “nunca se habla de feminicidio o transfeminicidio” a pesar de la saña y brutalidad de los actos, porque sus documentos no coinciden con su expresión de género, esto impide exigir justicia.