El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que “cumplan en su integridad la suma de medidas de reparación integral” exigidas el 8 de marzo a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en favor de cinco ex presos, víctimas de tortura.
Exigió “el total cumplimiento de la Opinión número 43/2021[1] del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobada en su 91 período de sesiones, realizado del 6 al 10 de septiembre de 2021, relativa a Germán López Montejo, Abraham López Montejo, Marcelino Ruiz Gómez, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez”, quienes deben ser “puestos en libertad inmediata, reparados integralmente e investigados los hechos”.
En un comunicado agregó que “no se trata de concesiones o regalos, sino de medidas basadas en los impactos psicosociales sufridos y que representan las condiciones mínimas para reparar la salud física y psicológica, proyecto de vida, daño material e inmaterial, así como para garantizar la verdad, satisfacción y no repetición de la fábrica de culpables y tortura”.
Señaló que a la fecha, la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, “el Estado ha cumplido solo con su liberación, lo que es insuficiente cuando la vida de los cinco y sus familias fueron gravemente lesionadas, desde verse en la necesidad de vender sus tierras de cultivo y casas para hacer frente a los cuantiosos gastos de su defensa y manutención”.
Manifestó que “algunos integrantes de sus familias abandonaron sus estudios al perder una fuente económica y tener que buscar otros ingresos; las enfermedades han sido también un problema derivado de la tortura y las condiciones carcelarias en el caso de las víctimas directas; por su parte muchos familiares también enfermaron física y emocional tras el desgaste de la prolongación de las detenciones arbitrarias”.
Para el Frayba, abundó, “la justicia y la reparación integral son exigencias puntuales y necesarias para acercarse a los derechos que le corresponden a ellos y sus familias, en el sentido de que puedan retomar con mejores condiciones los sueños y proyectos de vida que el gobierno mexicano obstruyó, y que este cumpla con las acciones pertinentes de justicia bajo los estándares internacionales”.
