El Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó modificar la respuesta de la Secretaría de Bienestar con la finalidad de que la dependencia federal detalle acerca del programa de pensión para las personas con discapacidad.
Fue a través de un particular quien solicitó a la Secretaría de Bienestar información relacionada con el pago de este apoyo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, correspondiente al ejercicio fiscal de 2019.
El motivo fue saber por qué no se ha beneficiado a todas las personas empadronadas y del contacto de los encargados de hacer entrega de las tarjetas de pago.
Sin embargo, la secretaría entregó el padrón de beneficiarios correspondiente al bimestre mayo-junio 2019 y precisó no contar con información relacionada con tarjetas bancarias. Por esto, el particular se inconformó y la solicitud pasó a la jurisdicción del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
El programa “Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad” apoya a personas de cero a 29 años de edad con discapacidad permanente, y población indígena de cero a 64 años, que habiten en municipios de alta y muy alta marginación. El monto del apoyo es de dos mil 550 pesos entregados cada dos meses y de manera directa, sin intermediarios, mediante el uso de una tarjeta bancaria, y la meta de población a atender es un millón de personas con discapacidad.
El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, informó durante una conferencia matutina, que este programa tiene avances, en la cual se ha dado prioridad a las niñas y los niños, los adultos de zonas indígenas y de zonas urbanas en pobreza. Para el cierre del primer bimestre de este año se contabilizan 800 mil beneficiarios, es decir, un 80% de avance. El 44.6% son mujeres.
Joel Salas Suárez, comisionado del INAI y ponente de este caso, informó que se considera que el particular tiene razón, porque la secretaría no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes por no conocer lo peticionado y no proporcionó el padrón para el periodo solicitado.
“Los padrones de beneficiarios y los presupuestos de los programas sociales prioritarios deben ser fiscalizados y revisados con especial interés, porque deberían mejorar la vida de las personas que más lo necesitan”, comentó Salas Suárez.
