Con la finalidad de evitar la discriminación y la exclusión educativa en el nivel básico, la diputada Petrona de la Cruz Cruz presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo.

Acuerdo

En tribuna, la legisladora dio a conocer el acuerdo por el que la LXVIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorta a la Secretaría de Educación y a las entidades educativas, tanto públicas como privadas, a garantizar la inclusión y no discriminación de niñas, niños y adolescentes en el acceso y permanencia de instituciones de educación inicial, primaria y secundaria.

Precisó que la finalidad es evitar la discriminación y la exclusión educativa.

Mencionó que de acuerdo con las leyes: “En México, toda persona tiene derecho a recibir una educación de calidad priorizando el interés superior de la niñez; sin embargo, existen prácticas en el sistema educativo que en muchas ocasiones representan exclusión y discriminación hacia niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos con discapacidades y condiciones diversas”.

Comentó que “es una práctica común que algunas escuelas de nuestra entidad nieguen el ingreso o [ciertas] condiciones, la permanencia de niños con síndrome de Down, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), autismo o afecciones del neurodesarrollo como la dislexia”.

Incidencia

Refiere que aunque las leyes lo prohíben, los menores son sometidos a evaluaciones y exámenes antipedagógicos diseñados como trampas para excluir a personas con discapacidades y neurodiversas.

Explicó que en el registro para menores al nivel inicial (kínder) y primaria de este año, algunas escuelas optaron por descartar directamente a quienes padecen autismo. En tanto, en otras escuelas se optó por realizar un examen de admisión que exigía habilidades o conocimientos que no son acordes a la edad o capacidad de desarrollo, como si se tratara de universidades ofertando posgrados.

Explicó que la ley es muy clara, en cuanto al tema de las evaluaciones, las cuales deben estar orientadas a medir el grado de conocimiento de las niñas, niños y adolescentes, que exclusivamente deben de ser tomadas en cuenta como una evaluación diagnóstica cuyo propósito es identificar las necesidades individuales de cada estudiante y así diseñar estrategias pedagógicas adecuadas para apoyar su aprendizaje. No para ser usadas como una herramienta para excluir, para discriminar o, peor aún, para negar su derecho humano a la educación.