Tras cinco años de un extenuante juicio por alimentos y paternidad, Candelaria Pérez dice sentirse decepcionada de la justicia, pues asegura que se está protegiendo al padre de su hija porque es defensor público federal y a pesar de que tiene un salario de 56 mil pesos, sólo se destinó un 8 %.
El mismo porcentaje fue establecido desde el 2019 por las autoridades, sin embargo, en esta ocasión la exigencia es que el pago sea retroactivo al año de nacimiento de la menor.
Este martes le fue entregada la resolución del caso que inició en el 2017 y la determinación del juez cuarto de lo Familiar, Luis Armando Mijangos Robles, quien habría desestimado elementos e incluso no consideró la retroactividad del pago de pensión que fue solicitada.
Candelaria comparte sentirse cansada de buscar que su caso sea resuelto de la mejor manera, porque su hija de 13 años de edad padece diabetes y sus gastos son superiores a lo común; su padre se ha negado a pagar los gastos médicos desde que le fueron solicitados, diciendo que no tenía un empleo formal.
A pesar de lo anterior, de manera inicial Mariano “N” reveló que trabajaba en un despacho jurídico en el estado de Veracruz.
Comparte que al inicio del proceso legal, Mariano “N” acudió a su centro de trabajo y le advirtió que no debería seguir el proceso legal, ya que él le daría un recurso económico de manera voluntaria.
Cerca de 2019 la menor aseguró estar siendo presionada psicológicamente en las convivencias, a pesar de que su padre únicamente acudió en un par de ocasiones a visitarla.
En el mismo año, una prueba de ADN reveló la paternidad del hombre que hoy busca a toda costa hacerse a un costado de su responsabilidad, y fue entonces que se estableció una pensión provisional de tan sólo 8 % del salario, la cual fue sostenida en la sentencia recientemente dictada.
El abogado defensor de Mariano “N” se sumó a las advertencias y hostigamiento vía telefónica en contra de Candelaria, al grado de pedirle que sacara a la menor de una escuela particular en donde estudiaba porque le advirtió que no tendría el dinero suficiente para pagarla, así que mejor debería de llevarla a una institución educativa pública.
Abundó que su interés es que el caso llegue a oídos de las autoridades superiores del Poder Judicial, para que sea atendido de manera justa, pues justo antes de que se dictara la sentencia, el caso era atendido por un juez de nombre Alejandro Molina Utrilla, pero fue cambiado de manera inesperada el 18 de marzo.
Ante la situación por la que atraviesa, Candelaria comentó que promoverá una apelación ante la instancia competente para que su caso sea revisado y se dicte una sentencia justa a su favor.