Ante el avance del contingente de migrantes que partió el pasado martes 24 de marzo desde Tapachula, defensores de derechos humanos elevaron un llamado urgente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que emita medidas cautelares que protejan a los caminantes.
La solicitud se da en medio de advertencias sobre una estrategia deliberada de las propias instancias gubernamentales para despresurizar la frontera sur, a costa de la seguridad de las personas en movilidad.
Resultado
El activista Luis Rey García Villagrán señaló que las caravanas responden a un plan que calificó como “perverso” de las autoridades migratorias, y sostuvo que el éxodo masivo es el resultado directo de la falta de atención en instituciones clave.
De acuerdo con el defensor, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) mantiene sus puertas cerradas y condiciona trámites, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha incurrido en detenciones arbitrarias, incluso en contra de personas que cuentan con amparos vigentes.
“Los compañeros no pueden ser detenidos, estamos en un juicio de garantías, estuvimos presentes, y a pesar de eso, los detienen”, puntualizó García Villagrán.
Al mismo tiempo, el defensor migrante advirtió que si algo le sucede a los integrantes de la caravana, la responsabilidad recaerá directamente en el gobierno federal.
Organismo
El llamado al organismo autónomo se extiende también para frenar lo que el activista describió como una “cultura del odio” que ha permeado las redes sociales y el discurso público en la región.
García Villagrán adelantó que también acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para exponer las irregularidades cometidas contra migrantes que cuentan con protección judicial, al tiempo que reiteró su exhorto a la CNDH para blindar al contingente que busca cruzar el país.
