Ante el hostigamiento, persecución y represión que la Comisión Federal de Electricidad ejerce con la población que menos tiene y pequeños comerciantes, la asociación civil “24 de Noviembre” de resistencia contra la denominada Empresa Productiva del Estado (EPE), exige el cese a las amenazas de judicialización de carpetas de investigación contra los deudores y miembros de la AC.
El representante de la organización, Elsy Josué López, señala que la petición al Gobierno Federal es que además del borrón y cuenta nueva, también se dé la aplicación de tarifas preferenciales que incluyan determinada cantidad de kilowatts para que los beneficios sean tangibles, tanto en las viviendas populares como en los pequeños negocios y no haya una disparidad en la competencia entre los abarroteros y tiendas de conveniencia como Oxxo, que pagan muy barato el consumo de energía eléctrica.
Lamentó que “a pesar de que la costa de Chiapas tenga las mayores temperatura del país, una entidad donde se produce energía, se relegue de los beneficios verdaderamente tangibles y no sólo estimativos por funcionarios que están detrás de un escritorio y que desconocen la realidad de la zona, una zona marginada, mayoritariamente campesina; que se ven acosados por la CFE y que ante la posibilidad de pagar los recibos altos buscan protección en grupos de resistencia civil que han aumentado el número de miembros”. Agregó que un ejemplo de esto son las personas de colonias populares, Puerto Madero, Carrillo Puerto, que se han sumado a la resistencia civil.
La Federación, sostuvo, “debe atender los reclamos sociales, los de grupos organizados y no ejercer amenazas para condicionar un pago que no es justo y en el que el consumidor está desamparado, porque incluso la Profeco está coludida con esta institución”, por ello afirmó que le apuestan a las acciones de esta organización adherida a la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (Anuee).
