Las investigaciones de delitos cometidos contra migrantes carecen de enfoque de macrocriminalidad y transnacionalidad, dijo Marisol Méndez, representante de la Fundación para la Justicia, durante su intervención en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, existe una falta de capacidad de los órganos de investigación para hacer frente a los mercados ilegales de trata de personas, en algunos casos, con vínculos aparentes con organismos estatales.
“Por eso, el comité recomendó a México la creación de una comisión estatal de investigación para casos de migrantes y la Fiscalía General ha manifestado su interés en el recibir asistencia técnica de Naciones Unidas, sin embargo, es necesario dar paso concretos para su conformación”, destacó la también representante del Comité de Familias Migrantes de México y Centroamérica.
A esto agregó que la Fiscalía General de la República no ha avanzado en el cumplimiento de sus obligaciones de búsqueda e investigación en el caso de migrantes, además de la desarticulación y falta de coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda para combatir la crisis forense.
Esto ha llevado a la fragmentación y a la creación de sus propios registros por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Aunado a ello, las autoridades mexicanas tampoco cuentan con mecanismos de coordinación con enfoque transnacional diferenciado para la búsqueda e identificación de migrantes que involucren a instituciones nacionales y de otros países.
Además aún está pendiente la implementación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas y la aprobación de sus lineamientos operativos, “que sería un espacio de coordinación entre múltiples actores gubernamentales y no gubernamentales de la región”.
