Ocho agrupaciones defensoras del ambiente exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que “reconsidere su postura y cancele inmediatamente la concesión de agua” a la empresa refresquera en San Cristóbal de Las Casas.
Asimismo, ante la negativa de la Conagua de revocar la concesión a la empresa para extraer agua, pidieron al Ayuntamiento local que “en su conjunto respalde la solicitud” hecha en días pasados por el síndico Miguel Ángel de los Santos Cruz.
En un comunicado manifestaron que “entre el 4 de diciembre de 1995 y el mismo día de 2015, las concesiones de agua otorgadas por la Conagua a la compañía Inmuebles de Golfo S.A. de C.V. para la fabricación de una reconocida bebida, permitieron que esta fábrica extrajera durante ese lapso diez mil millones de litros de agua, volumen equivalente a diez veces el cupo del estadio Azteca”.
El síndico del Ayuntamiento de San Cristóbal, Miguel Ángel de los Santos Cruz, pidió a la Conagua la revocación de la concesión a la empresa refresquera para la extracción de agua porque “genera efectos negativos y pone en riesgo el abasto de este vital líquido para la población en general, así como por los graves daños colaterales a la salud, relacionados con el consumo de refrescos (caries, diabetes, obesidad e hipertensión, entre otros)”.
La Conagua le respondió el martes que “no existen elementos para revocar legalmente los títulos de concesión” otorgados a la empresa, ya que el acuífero de San Cristóbal de Las Casas “se encuentra en condición geohidrológica de subexplotación y con disponibilidad de agua para otorgar nuevas concesiones”.
Ocho agrupaciones reaccionaron este miércoles a la postura del organismo federal al afirmar que “las dos concesiones que la empresa tiene fueron renovadas por otros 20 años, sin ninguna consulta a las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, por lo que esta explotación ha continuado a un ritmo similar”.
Dijeron que “cuando Conagua entregó la concesión a la fábrica de la empresa en 1995, el municipio tenía 116 mil 729 habitantes. En veinticuatro años la población ha aumentado a 185 mil 917, es decir, entre un 25 y 30 por ciento tomando en cuenta a la población flotante. Durante este periodo las necesidades hídricas de la zona han aumentado de manera considerable”.
Aseguraron que “a pesar de que no existen estudios técnicos públicamente disponibles y confiables sobre la disponibilidad de los recursos hídricos del Valle de San Cristóbal y dado el incumplimiento de obligaciones de Conagua, entre ellos el monitoreo de los medidores, existen dudas razonables de que el ritmo de extracción de la planta sea sostenible”.
Señalaron que “los innegables beneficios derivados de la generación de empleos (obreros, repartidores, vigilantes, personal administrativo) por parte de la fábrica, así como los recursos que destina para el financiamiento de algunas organizaciones civiles (actividad que permite a la empresa deducir impuestos), quedan anulados y superados por los daños y riesgos que la extracción de agua produce en contra de los derechos al agua, a la salud y al ambiente sano y las necesidades de los habitantes del municipio, así como a la estabilidad de sus ecosistemas”.
Aseguraron que por ello recibieron “con profunda preocupación la negativa de la Conagua a atender la petición del síndico De los Santos, renunciando con ello a las obligaciones que la institución tiene con la población”.
