Habitantes de la comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, confrontados con sus vecinos de Aldama, pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que resuelvan el problema agrario por la disputa de 60 hectáreas y que liberen a dos de sus representantes detenidos en septiembre de 2019.
Exigieron “una solución inmediata porque la gente de Santa Martha ya está cansada de tantas agresiones de Aldama, ya que siguen los disparos” con armas de fuego.
“Esperemos que las autoridades federales y estatales nos den una respuesta favorable para el 12 de octubre, o si no, que se pongan a pensar mil veces lo que puedan provocar”, agregaron.
La petición fue realizada mediante una videograbación por un grupo de alrededor de 20 hombres que no mostraron armas de fuego y se cubrían el rostro con pasamontañas.
En ocasiones anteriores han aparecido públicamente, por igual en videograbaciones en esa localidad, grupos de hombres armados con el argumento de defenderse de sus vecinos de Aldama, con quienes mantienen desde hace más de 40 años un conflicto por la disputa de 60 hectáreas.
“Todo esto comenzó en 2016. La gente de Santa Martha empezó a solicitar a los 115 campesinos originarios de Aldama la obligación social que se compone de siete puntos, y los asambleístas les dieron un plazo de 15 días para que dieran una respuesta a dicha obligación”, agregaron los hombres que difundieron su mensaje el lunes.
Sin embargo, abundaron, “nunca aceptaron la obligación social; la gente de Santa Martha tuvo una paciencia de tres años, pero los 115 campesinos de Aldama, que estaban en pleno territorio de Santa Martha, comenzaron la primera controversia. En consecuencia hubo varias emboscadas a Santa Martha, con el resultado de varios muertos y heridos; además la quema de la escuela, tumbaron varios cafetales, postes de luz y hubo incendios en los límites de Santa Martha”.
Expresaron que las autoridades de esa comunidad “dialogaron para darle solución a este conflicto, pero el gobierno encarceló injustamente, el 7 de septiembre de 2019, a Efraín Ruiz Alvarez y Enrique López Pérez, que defendían los derechos del sector”.