Afectados por el enfrentamiento ocurrido en la Central de Abastos el pasado 30 de julio, en el municipio de Comitán, y en donde perdieran la vida cinco personas y 39 más resultaran lesionadas, pidieron públicamente al Congreso del Estado, abrir una Comisión Investigadora para integrar los datos recabados de los delitos incurridos.
Entre los demandantes se encuentran militantes de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata (OPI-EZ), quienes ayer miércoles acudieron a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronteriza Sierra, y pidieron al legislativo dar cauce a esta petición.
Sobre el deslinde que hicieron autoridades del Ayuntamiento de Comitán por estos hechos, entre ellos el propio alcalde, Mario Guillén Domínguez, el coordinador de Protección Civil, Jacobo Pérez Domínguez, el Mando Único, Narde Adalberto Sánchez Archila y el Subsecretario de Gobierno, Manuel Pulido Guillén; decenas de pobladores reclamaron durante las últimas horas que los funcionarios incurrieron en responsabilidad por la omisión y negligencia, al no implementar las medidas preventivas y cautelares que hubieran evitado la muerte de los comerciantes.
“Es muy fácil deslindarse de toda responsabilidad manifestando que cada corporación policiaca actúa conforme a sus protocolos de seguridad, pero tras la conferencia de advertencia que hicieron las organizaciones agresoras, las autoridades de gobierno del estado pudieron evitar el derramamiento de sangre y disuadir las intenciones de los líderes”, indicaron.
De esta forma, recalcaron que si el alcalde Guillén Domínguez y sus funcionarios municipales realmente resultan responsables, se inicie de inmediato un Juicio Político, que de acuerdo al artículo 109 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, merece la aplicación de las sanciones señaladas en el artículo 110.
