De acuerdo al Coneval, el 85.4 por ciento de la población infantil y adolescente en México es pobre por ingresos, y se proyecta un incremento hasta un 93.3 por ciento para el 2022.
En Chiapas, según datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (2019), se registró que el 18.3 por ciento de niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años se encontraban en algún tipo de ocupación, lo que representó un incremento del 5.5 por ciento respecto al 2017.
La organización Melel Xojolabal señala que ante este escenario el trabajo y las aportaciones económicas de las niñas, niños y adolescentes son cruciales para la reproducción y subsistencia de sus hogares, por lo que se prevé un aumento en su participación laboral para los próximos años.
Indicó a través de un pronunciamiento en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que Chiapas tiene los mayores rezagos en materia de derechos a la salud, alimentación, educación e ingresos, y el impacto de la pandemia vino a agudizar las desigualdades y la situación de vulnerabilidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en los pueblos originarios.
Pero es importante tomar en cuenta qué lleva a los niños, niñas y adolescentes a trabajar; de acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, el 27 por ciento lo hace por el gusto de ayudar a la economía familiar, mientras que el 19 para el pago de gastos propios y escolares que no pueden cubrir sus padres y madres.
Asimismo, el 15 por ciento lo hace para apoyar al hogar con su trabajo, el 13.3 por ciento para apoyar al hogar con su aportación económica, el 12 por ciento para aprender un oficio y otro 12 por ciento para pagar deudas u otra razón.
Considerando estos escenarios, la organización manifestó que los compromisos del Estado mexicano previstos en el T-MEC para la erradicación del trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil podrían significar para ciudades turísticas políticas públicas que criminalicen a las familias trabajadoras en espacios públicos.
Además de una mayor vulnerabilidad de las infancias empobrecidas ante el crimen organizado, la prostitución y la esclavitud sexual a través de redes de trata, el deterioro económico y la deserción escolar, que se han agudizado con la pandemia.
Un ejemplo reciente de esto fue la detención arbitraria de la familia Gómez Gómez, cuyos integrantes trabajaban vendiendo ámbar en el centro de San Cristóbal de Las Casas, y en junio de 2020 fueron acusados injustamente de trata de personas provocando daños irreparables, principalmente a 24 niñas, niños y adolescentes.
Por ello, argumentó que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben combatir todas las formas de explotación y conducir sus planes desde el principio constitucional del interés superior de la niñez, con la instalación y funcionamiento de los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
