En relación a los bloqueos carreteros por parte de migrantes, el Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la Costa, Frontera y Sierra, que agrupa distintas modalidades del servicio público de pasaje, fijó su postura e hizo un llamado al Gobierno Federal para atender el problema y se dé solución en apego a la legalidad y a los derechos humanos, se eviten esas manifestaciones que pueden generar además de económicas, tiempo y otras afectaciones, o enfrentamientos entre la población civil y los extranjeros.
Noé Pinto señaló que Chiapas requiere de una política que dé certeza en el derecho al tránsito en las carreteras, que se consolide el clima de paz y tranquilidad, que cada institución atienda el ámbito de su competencia, a través del diálogo y la negociación, pero con estricto respeto al Estado de derecho y el de todas las personas.
Señaló que en esta parte del estado, los grupos transportistas en general han sido respetuosos de sus manifestaciones, las que se han hecho en el marco de la ley, con pleno respeto a los derechos de terceros como parte de la liberad de manifestación; sin embargo, este sector, al igual que un alto porcentaje de la sociedad, ha expresado desacuerdo por los bloqueos de migrantes que consideran son manifestaciones de chantaje y berrinches porque no han logrado el objetivo de ser los primeros en la atención dentro del programa de traslado del INM a otras entidades, acciones ilegales porque atentan abiertamente contra los derechos ciudadanos.
Expuso que la población y sectores productivos han expresado al Gobierno Federal y en particular al INM, el deseo de que se atienda con eficiencia el problema de los migrantes y las consecuencias de las aglomeraciones en Tapachula, ya que cuando se vislumbraba una salida a este fenómeno de miles de extranjeros que salieron de sus países en busca de oportunidades para ser trasladados a otros estados, surgen estas protestas que afectan a la sociedad de la Costa.
Las manifestaciones han sido reiterativas con bloqueos carreteros tanto en Tapachula, Huehuetán, Tuzantán, Mapastepec y otros municipios para presionar al Gobierno para que agilice el envío de autobuses y realice el traslado a los diez estados destinados para ello, les entreguen documentos con rapidez, aun cuando el proceso está en marcha.
