Comunicadores pidieron al gobierno federal y del estado, atender el fenómeno de la inseguridad social en la frontera Sur de México, en la que se ha dicho que no hay delincuencia organizada como en el Norte del país, pero que alarmantemente, el escenario de delincuencia común son asaltos a transeúnte, robos a casas habitación, oficinas privadas y comercios. Señalan que el fenómeno delicado y peligroso de la migración de pandillas juveniles identificadas con grupos de ‘Maras Salvatruchas, 18 y Barrio 13’, debe enfrentarse.
En un manifiesto a la conciencia de la función pública y al entendimiento de la sociedad chiapaneca, el Foro de Periodistas de la Frontera Sur, dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la CNDH, al presidente de la República, al secretario de Gobernación y a la Sedena, exigen seguridad para este espacio de México.
Firmado por 9 comunicadores, la agrupación que preside Carlos Zeta Cadena, hace referencia a los recientes agravios contra periodistas en materia de seguridad, por ello exigen respeto al ejercicio de la libertad de prensa, moralizar los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal, mayor número de elementos y modernización, además de atender el problema migratorio de las pandillas.
Exponen que miembros de las pandillas delincuenciales huyen de Guatemala, El Salvador y Honduras y se refugian en Tapachula y sus alrededores, de ello han habido manifestaciones graves, como lo ocurrido en enero de 2017, que causó temor y zozobra en la sociedad de esta frontera Sur de México, la que quedó desquiciada ante un ‘modus operandi’ de saqueos y comercios vandalizados perfectamente organizados, y en la que se evidenció que Tapachula estuvo a merced de los pandilleros casi 36 horas, ante la falta de Ley.
El comunicado señala que desde hace mucho tiempo se ha denunciado que hay complicidad de delincuentes con policías municipales y estatales, porque la situación se ha convertido en un círculo vicioso en evidente relación, esto va más allá de los yerros y fallas legales de policías y funcionarios de justicia ante el nuevo Sistema Penal en México, donde pareciera que el delincuente es la víctima, y el ciudadano es el victimario.
Expresan que en fechas recientes se han desatado graves arbitrariedades en contra de los periodistas de Chiapas, que sospechosamente han sufrido robos en sus viviendas, oficinas, sustracción de objetos laborales de sus vehículos, y hasta agresiones de ir a quemar sus fuentes de trabajo.
