Trabajadores y proveedores de suministros básicos del Zoológico Miguel Alvarez del Toro (ZooMAT) denunciaron presuntos malos manejos del contador Ericel Sánchez, quien fue denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por una serie de denuncias en su contra, las cuales observan la falta de transparencia del servidor público en el manejo de los recursos de operatividad de la reserva de “El Zapotal”.
Señalaron que el “analfabetismo ambiental” del contador, confunde un espacio educativo con un espacio lucrativo para sus negocios personales, pues administra en beneficio propio hasta el último peso que ingresa al santuario, dejando en el olvido las necesidades del zoológico.
La denuncia la respaldaron también proveedores de productos y algunos vendedores humildes de origen indígena que, en voz de Juana Sentíes, proveniente de Oxchuc, denunciaran los abusos y falta de pagos del contador.
Explicaron que interpondrán una queja ante el Consejo Estatal de Derechos Humanos, denunciando las vejaciones de Ericel Sánchez Álvarez, quien se ostenta como dueño del espacio público, negándoles, entre otras cosas, derecho a ingreso y mucho menos ofrecer en las afueras sus humildes productos, mientras él controla todos los establecimientos internos, tienda y servicios de alimentos, más la taquilla de ingreso.
En su área, las secretarias gozan de privilegios y en su declaración patrimonial no aparecen los vehículos del año que ostenta. El personal le llama “El Mago” por su habilidad para maquillar las auditorías y el rendimiento de cuentas.
Comentan los empleados del zoológico la prepotencia con que trata a las encargadas de la taquilla, haciéndolas trabajar horas extra sin remuneración. El contador goza de impunidad sigilosa y descaro, cuando se lleva la bolsa de la taquilla, sin que nadie revise el destino de los fondos; este señor no entrega cuentas a nadie y los sumerge en un hoyo negro que llama “Fondo Ambiental” donde no reina precisamente la transparencia.
Por ello solicitan la intervención de autoridades correspondientes, para investigar a fondo sus actividades lucrativas, microempresas que administra y que dañan la imagen de la institución.
