Organismos no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos de migrantes y refugiados, pidieron al gobierno mexicano priorizar la atención humanitaria de las personas que participan en la caravana de centroamericanos que pretende ingresar a México.
Consideran que son unos tres mil los que ya se encuentran concentrados en la población fronteriza guatemalteca de Tecún Umán, aunque algunos calculan que podrían superar los siete mil, principalmente de Honduras.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., Iniciativas para el Desarrollo Humano IDH, Médicos del Mundo Francia y España, Save the Children, Servicio Jesuita a Refugiados y el Servicio Jesuita a Migrantes y Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida, le piden al gobierno mexicano que en su caso prioricen la “no separación de las familias” y que se brinde apoyo especial a los niños y jóvenes no acompañados, personas con discapacidad, embarazadas, mayores de la tercera edad, con enfermedades crónicas degenerativas y de la comunidad LGBTTI.
Asimismo, que los gobiernos federal y estatal, así como de los municipios fronterizos, dispongan de las medidas necesarias para dar respuesta humanitaria y garantizarles el acceso a la atención en salud, protección civil y seguridad pública.
Insisten en que los cuerpos de seguridad velen por el orden y el buen funcionamiento de los servicios, pero “de ningún modo respondan con el uso de la fuerza a un grupo humano que está compuesto por personas en situación de extrema vulnerabilidad y necesitadas de medidas de protección”.
Por su parte, al Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados “intervengan con estricto respeto a los derechos humanos, específicamente en lo que se refiere al acceso al procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, al principio de no devolución, y a eludir prácticas de detención migratoria y deportaciones masivas”.
Exhortan a la sociedad civil a solidarizarse al paso de los miles de migrantes que por diversas condiciones, entre ellas la pobreza extrema y violencia, se ven forzados a desplazarse de sus lugares de origen.
Piden reconocer que el origen de la caravana “responde a un contexto de violencia y pobreza generalizada en donde las condiciones mínimas de desarrollo y respeto a los derechos humanos no han sido garantizadas, lo que obliga a miles de personas a desplazamientos forzados”.
Se pronunciaron en contra de los actos que “criminalicen a los seres humanos que están intentando poner a salvo sus vidas”.
Finalmente, insistieron que el gobierno mexicano brinde una respuesta apegada a los estándares internacionales en derechos humanos, derecho humanitario, de asilo y refugio.
