Se ha trabajado poco en la integración de las personas refugiadas en México, por lo que se revisa la normatividad para que se busquen mecanismos para no sólo extenderles el documento sino para buscarles trabajo, afirmó Ivonne Álvarez Gutiérrez, catedrática adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unach.
Dijo que se realiza una serie de revisiones profundas de la normatividad y de los documentos internacionales que México ha suscrito para el tratamiento de personas refugiadas, donde se ha señalado la obligación que tiene el estado para la integración en la comunidad que los va a recibir.
Además de incorporarlos a la vida social y generar campañas que combatan la xenofobia.
La propia Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha insistido en los estados que reciben a este sector, implementar mecanismos adicionales para una plena integración donde la sociedad no lo afecte o discrimine, pero que también pueda acceder a la educación, salud y otros aspectos.
La doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco recordó el caso de una mujer haitiana embarazada a la que le negaron los servicios de salud, y solamente a través de una asociación civil la pudieron atender, lo cual no es viable, “hay mucha xenofobia”.
En el caso de la capital chiapaneca, este tema representa una oportunidad de implementar campañas fuertes, ya que al regreso de la nueva normalidad la migración poco a poco retomará fuerza y al verse saturada la ciudad de Tapachula, la opción de traslado será Tuxtla Gutiérrez, como ya había ocurrido hasta antes de la pandemia.
“Si logramos esa integración y sana convivencia en la comunidad local, definitivamente nos ahorraríamos muchos problemas”, concluyó la investigadora que trabaja en el proyecto titulado “La protección jurídica de las niñas y mujeres migrantes en la frontera sur”.
