El Clúster de Infraestructura y Energía plantea modificar a los decretos presidenciales sobre aguas nacionales, para eliminar la veda de mantos subterráneos y aumentar la disponibilidad de concesión en aguas superficiales, esto como parte de la iniciativa Chiapas 200.
Asimismo, establecer mayores facultades de los estados y municipios para acceder al vital líquido y garantizar servicios básicos a su población, en la nueva Ley General de Aguas que se va a expedir próximamente.
Recursos hídricos no se aprovechan
Alejandro Escanero González, presidente del Clúster de Infraestructura y Energía, mencionó que actualmente se descargan al Golfo de México 125 mil millones de metros cúbicos (m³) de agua provenientes de los ríos Grijalva y Usumacinta, sin aprovechamiento agropecuario, industrial o energético.
En 2018 el volumen de aguas superficiales concesionadas en Chiapas fue de 62 mil 417. 544 millones de metros cúbicos por año, de las cuales, el 98.2 %, equivalente a 61 mil 279.669 millones de m³ anuales, está otorgado en concesión exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la generación de energía eléctrica.
Dijo que, el proyecto se denomina la Reivindicación de la Soberanía Hídrica de Chiapas. Se busca, entre otras cosas, recuperar la independencia y dominio de los chiapanecos sobre sus recursos, como el agua, para usarla de forma justa para nuestro beneficio y desarrollo.
De las presas más importantes del país suman alrededor de 100 mil hectómetros cúbicos, Chiapas con solo dos, La Angostura y Malpaso, tiene 34 mil hectómetros, es decir, una tercera parte de la reserva acumulada del país, con lo que se podría regar más de 230 mil hectáreas.
Sin embargo, actualmente solo se aprovechan 35 mil 900 hectáreas de cultivo, esto es el 3 % de un potencial total de 1.3 millones de hectáreas irrigables. La propuesta busca que se pueda establecer distritos de riego, zonas de cultivo tecnificadas, atraer industrias e inversión.
El abogado Diego Zúñiga, de la Asociación Civil “El progreso a través del Derecho”, comentó que el agua que nace y fluye en territorio chiapaneco jurídicamente está regulada por dos decretos presidenciales, uno del 19 de octubre de 1957 y otro del 06 de junio de 2018.