Tras la reciente condena de 20 años de prisión contra Edgar “M”, responsable del asesinato del defensor de derechos humanos y sacerdote, Marcelo Pérez Pérez, organizaciones reconocieron la medida contra el autor material del homicidio l, sin embargo, advirtieron que el procedimiento abreviado limita el derecho a la verdad y deja en la impunidad a quienes planearon dicho crimen.
De acuerdo con SweFOR, organismo que acompañó al padre Marcelo desde 2015, la sentencia representa una justicia parcial.
“Celebramos que haya una condena contra el responsable material, pero mientras no se judicialice a quienes instigaron este crimen, no podremos hablar de justicia plena”, expresó.
La resolución del juez federal se dio mediante un procedimiento abreviado, lo que significa que el acusado aceptó su responsabilidad a cambio de una reducción de pena y sin que se desahogaran públicamente las pruebas recabadas por la Fiscalía General de la República.
Para las organizaciones de derechos humanos, esta vía judicial limita el derecho a la verdad en su dimensión colectiva, es decir, impide que la sociedad conozca a detalle cómo y por qué se fraguó el hecho.
“El asesinato del padre Marcelo no puede verse como un hecho aislado, sino en el marco de la violencia que atraviesa Chiapas y que se ensaña con quienes defienden derechos humanos. Por eso es indispensable conocer toda la verdad y castigar también a los autores intelectuales”, agregó.
Crimen sin reconocimiento
Además, la organización señaló la ausencia de un reconocimiento oficial de que el homicidio estuvo directamente relacionado con la labor de defensa del sacerdote tsotsil, asegurando que la sentencia lo trató como un asesinato ordinario, sin considerar su condición de defensor de derechos humanos, pese a que en vida enfrentó múltiples agresiones por su labor pastoral y social.
Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que brindó asesoría jurídica en el caso, coincidió en que la sentencia no debe cerrar el expediente.
“Este fallo cierra únicamente la investigación sobre la autoría material. Quedan pendientes las responsabilidades de quienes planearon, participaron o facilitaron el delito”, advirtió.
Ante esto, las organizaciones llamaron al Estado mexicano a agotar todas las líneas de investigación, detener a los responsables intelectuales y garantizar que el crimen sea reconocido como un ataque contra un defensor de derechos humanos.
Asegurando que solo así se podrá hablar de justicia y de una verdadera garantía de no repetición en un estado como Chiapas, donde ejercer la defensa de derechos humanos sigue siendo una tarea de alto riesgo.
