"Julio César Rincón * CP. La comunidad indígena tzotzil ""Casa del Pueblo"", calificó la detención de Mariano Herrán Salvatti como un verdadero acto de legalidad y justicia; pero también pidió investigar a Pablo Salazar.
Senaló que el caso del ex fiscal, no es producto de una venganza política, mucho menos de una cuestión electoral, sino más bien obedece al restablecimiento del Estado de Derecho.
Antonio Pérez Mendoza, comisionado para los medios de comunicación de la Casa del Pueblo y José de La Torre de La Torre, (miembro activo de esta organización), coincidieron en Tuxtla Gutiérrez, que se está aplicando la justicia en Chiapas.
""Ante la coyuntura actual y los acontecimientos suscitados en nuestra entidad en los últimos días por la detención del ex fiscal y ex secretario de Economía Mariano Herrán Salvatti, consideramos como un verdadero acto de legalidad y justicia para quienes se sintieron intocables cuando ostentaron el poder"", expusieron
En este sentido, los indígenas tzotziles miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), pidieron al Gobierno local que se aplique todo el peso de la ley al ex fiscal general del Estado.
""Creemos en la aplicación de la ley, consecuentemente el tirano Herrán Salvatti tendrá que responder ante la justicia por todos los abusos y atropellos excesivos que cometió en contra de los diferentes sectores de la sociedad chiapaneca, y particularmente de nuestra organización social que fue la más infamemente golpeada"", agregaron.
No obstante, aclararon que Herrán Salvatti no actuó solo, toda vez que fue un brazo ejecutor de Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de la entidad chiapaneca (2000-2006)
""Actuó con el principal pillo Pablo Salazar Mendiguchía, quien deberá ser investigado a fondo para que pague por sus actos deshonestos y represivos"", indicaron. Los campesinos lamentaron que por esta serie de atrocidades, hoy cinco integrantes de su organización sigan compurgando una condena, sin haber cometido delito alguno. ""Actualmente se encuentran injustamente recluidos los companeros Ángel Hidalgo Espinosa, José Arnulfo Díaz Vásquez, y los hermanos Enrique y Alberto Coutino Morales, los últimos con penas aberrantes de 300 anos de cárcel. No obstante que durante el proceso que se les instruyó se ofrecieron los acervos probatorios que evidenciaban la inocencia, no fueron ni han sido tomados en cuenta"", revelaron. Denunciaron que ha existido complicidad en algunos jueces y magistrados, quienes también han gozado de total impunidad.
""Por si no fuera suficiente, en el ano 2005 fue torturado y asesinado el companero Manuel Hidalgo Espinosa, sin que a la fecha se haya esclarecido el homicidio de estado, quedando la averiguación en archivo muerto"", criticaron. Recordaron que el ex secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, se habría comprometido el 23 de junio de 2008 analizar los expedientes de los presos, y en su caso liberarlos, sin embargo nunca emitió la respuesta. ""Por todo lo anteriormente expuesto, senor Gobernador y tomando en cuenta su amplia sensibilidad para atender y resolver los múltiples problemas que aquejan las comunidades indígenas, le solicitamos muy respetuosamente haciendo uso del derecho de petición, una entrevista directa con usted para exponer de manera personal a través de una Comisión todas las irregularidades cometidas en contra de nuestros companeros y así lograr su pronta libertad"", plantearon.
"
