La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en la que se encuentra inscrita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pidió a las autoridades la urgente construcción de compromisos regionales para atender y proteger a las personas migrantes y refugiadas.
Las 32 comisiones estatales y la nacional de los Derechos Humanos comentaron que en los últimos 20 años se ha agudizado las denuncias por violaciones hacia la población en movilidad, además, la actual emergencia sanitaria representa un escenario adverso para la integración de los migrantes en los países de acogida.
“La movilidad humana es uno de los temas de agenda más desafiantes en el mundo, en las Américas y particularmente en México, al ser un lugar de origen, tránsito, destino y retorno de miles de personas cada año”, suscribió la federación.
En datos, los organismos públicos tienen detectado que en 2020, un total de 41 mil 329 personas solicitaron asilo a nuestro país; se llevaron a cabo 87 mil 260 eventos de detención migratoria, así como 184 mil 423 eventos de repatriación de personas mexicanas desde Estados Unidos.
En el último Censo de Población, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), se identificó que un millón 212 mil 252 personas nacidas en otro país residen en México. Baja California, Ciudad de México y Chihuahua son las tres entidades federativas que concentran la mayor cantidad de personas extranjeras residentes.
Por tanto, la federación afirmó que la gravedad de las violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante es contundente. No obstante, no se han logrado consolidar los ejes normativos, programáticos y estratégicos que permitan atender esta emergencia humanitaria desde una visión integral, con un enfoque diferencial y de derechos humanos.
“La posición geográfica de México intensifica la presión de la agenda migratoria. Por un lado, las personas mexicanas que salen del país; por otro, todas aquellas personas de distintas nacionalidades que intentan llegar a los Estados Unidos a través de nuestras fronteras”, menciona.
Comentaron que el despliegue de más de ocho mil elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur del país ha expuesto a las personas migrantes a un aumento de las violaciones a derechos humanos por parte de esta autoridad, así como a transitar por nuevas rutas que son más peligrosas por la presencia de la delincuencia organizada y la ausencia de ayuda humanitaria que pueda asistirles en el camino.
Reiteraron que el impacto de la violencia en esta población es diferencial en función, principalmente, del género y la edad, así como de la intersección entre ambas categorías. Mujeres, adolescentes y niñas son las principales víctimas de violencia sexual y sometidas a explotación sexual y trata de personas.
“Ante esta grave situación, México está obligado a contar con un sistema sólido de protección de las personas migrantes. Sin embargo, en la actualidad, este sistema requiere ser robustecido”, finalizaron.
