El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la entidad, Arturo Marí Domínguez, se pronunció a favor de endurecer las sanciones en contra de aquellos grupos sociales o personajes que estén realizando bloqueos carreteros y obstrucción en las vías de comunicación, debido a las afectaciones que se generan a la economía y también a las actividades sociales.
“Sí estoy de acuerdo”, dijo, que se aplique la ley o una prisión corporal pero sólo en aquellos casos donde se obtenga un lucro monetario bajo el pretexto de una movilización, de lo contrario, los grupos inconformes no entenderán la necesidad de no hacer actos vandálicos.
No obstante, enfatizó: “Hay algunos señalamientos o reclamos sociales que al no ser escuchados toman alguna vía de comunicación, no estoy a favor de que lo hagan, habría que ver un poquito más al fondo”.
Insistió que antes de sancionar con prisión corporal, las autoridades y los grupos inconformes tienen que alcanzar un “punto medio”; sin embargo, Chiapas lleva muchos años con bloqueos sistemáticos. En el 2016, el CCE documentó 96 obstrucciones en las vías de comunicación, la mayoría sólo para obtener un recurso económico con los vehículos que iban por el paso.
Entrevistado sobre el tema, manifestó que no todos los grupos pueden ser juzgados por igual, es decir, se tiene que agotar el diálogo pero “sí iniciar algún procedimiento que les deje entender que esa no es la vía”.
Legislación
En San Lázaro, en el Congreso de la Unión, existe una iniciativa de Ley que contempla hasta siete años de cárcel para aquellos que obstaculicen las vías de comunicación o bloqueen las casetas de cobro con fines de lucro. Se tiene previsto una multa de hasta 86 mil pesos a quienes realicen estas actividades ilícitas. El argumento que se ha utilizado por parte de los legisladores, es que es necesario que las leyes protejan el derecho de movilidad y de tránsito de cualquier ciudadano en nuestro país.
Los bloqueos carreteros, remarcó Marí Domínguez, sólo traen retraso, rezagos e incrementan los problemas sociales. Lo último que ha pasado en Chiapas, fue que estudiantes normalistas bloquearon la entrada por el lado poniente a Tuxtla Gutiérrez y retuvieron a varias unidades de empresas privadas. La vía se liberó la madrugada del pasado jueves.
“Hay temas muy válidos que tienen reclamo legítimo, y hay otros que son ya una forma de vivir, como lo hemos visto aquí”; Marí Domínguez recordó que de todos los bloqueos que se registraron en el 2018, el 98 % tenía como objetivo principal la obtención de dinero sin una queja sustentada ante la autoridad.
