Este fin de semana, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) dio a conocer que se cumple un año del asesinato de uno de sus integrantes, de nombre Ramiro Rodríguez, en hechos registrados en el ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo.
A través de un comunicado, la organización resaltó que el asesinato fue perpetrado por el grupo paramilitar “Los Petules”, señalando del mismo modo que, a pesar del crimen, aún hay impunidad sobre los autores materiales e intelectuales.
Además, la organización expone que el asedio paramilitar continúa en contra de sus compañeros de El Carrizal; a su vez, recalcan que el asesinato de su compañero incluye graves violaciones a los derechos humanos por omisión, comisión y consentimiento.
Exhiben también que las autoridades conocen el actuar paramilitar de “Los Petules”, sin embargo, “no hay lugar a dudas de que existe un manto de impunidad para mantener en asedio a los integrantes y comunidades organizadas en torno al FNLS”.
“Cada víctima de esta agresión policiaca paramilitar se mantiene en total impunidad, este es el caso de nuestros compañeros Héctor Sántiz López y Humberto Morales; Víctor Alfonso Pérez, Mario Alberto Vázquez y Efraín Espinoza Pérez, en el municipio de Ocosingo y Venustiano Carranza, respectivamente”.
A la exigencia popular de justicia y verdad, “la respuesta de las autoridades responsables es la indolencia, dilación y negación del fenómeno que lacera a miles de familias en el país”.
La organización expresa que “la criminalización y judicialización de la protesta popular de los esfuerzos organizativos del pueblo trae consigo más víctimas, especialmente hacia los integrantes de organizaciones de carácter independiente, en particular contra todo descontento de los trabajadores al ejercer crítica política al régimen”.
Además de señalar que el pueblo organizado tiene razón en mantener la protesta popular, entre ellas, “la inexistencia de justicia para las víctimas de los crímenes de Estado y lesa humanidad, y al no encontrar juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes es una razón inobjetable, ya que ninguna medida política y jurídica debe coartar el derecho de exigir justicia y verdad”.
