El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) informó que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el establecimiento de medidas cautelares, debido a que integrantes de su equipo y familiares de presos indígenas que exigen su liberación han recibido “amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación”.
Explicó que “las amenazas comenzaron el pasado 12 de noviembre, cuando aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre en el interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha”.
Añadió que “el sobre contenía un mensaje con recortes de periódico que decía: Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda -por seguridad se omite el nombre de la defensora-, está en peligro de muerte, la vida es muy corta, la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala, trata de salvar su vida. Cabe mencionar que Faro es el apellido del director del Frayba”.
Señaló que “el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en el que escribieron su nombre al parecer con sangre. Esa misma noche, a las 21:00 horas, se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba. Cabe decir que en ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio”.
Sostuvo que “a raíz de estas amenazas hemos documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. A la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano”.
Expresó que “la defensora interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas y en el Frayba realizamos diversas intervenciones escritas ante autoridades estatales y federales, pero la garantía y protección no se ha hecho efectiva de parte del Estado mexicano, minimizado la situación de riesgo que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado”.
Manifestó que las acciones han ocurrido “en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz”, por lo que pidió la intervención de las autoridades del estado y federal.