Activistas y defensores de derechos humanos de Tapachula exigieron al Gobierno Federal el cese al hostigamiento y persecución en contra de quienes trabajan a favor de los migrantes que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur.
Afirman que ningún defensor es responsable de los delitos que se cometen a diario en contra de la población migrante que transita por México en condiciones de absoluta vulnerabilidad.
Violencia
Denunciaron a la vez que existen redes de trata de migrantes y “colusión de autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) con el crimen organizado, lo que ha sido documentado y denunciado por los defensores”.
A nombre de los organismos, el director de Pueblo Sin Fronteras, Irineo Mujica, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, así como el titular del INM, Francisco Garduño, las Fuerzas Armadas y policías federales, estatales y municipales, para que cesen las persecuciones en contra de los defensores y activistas.