La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) manifestó su rechazo ante una posible resolución del Estado de dejar de adquirir dosis contra el covid-19 para niños, niñas y adolescentes, que quedarían por fuera del proceso mundial de vacunación que se lleva a cabo en México.
La Red tomó como un acto discriminatorio el excluir a las infancias del proceso mundial de vacunación, lo que obstaculizaría un retorno gradual, seguro y libre de discriminación a las clases presenciales. Por tanto, el Estado mexicano debe garantizar un retorno seguro a las escuelas.
En Chiapas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen un millón 613 mil 409 niños, niñas y adolescentes matriculados en los niveles de preescolar hasta media superior. De forma específica, existen 296 mil 580 matriculas en preescolar, 796 mil 602 en primaria, 303 mil 663 en secundaria y 216 mil 564 en media superior.
Redim señaló a las máximas autoridades del país en no alentar decisiones de no avance en la vacunación sin tomar en cuenta el interés superior de la niñez, especialmente porque esto se vincula con la estrategia del regreso a clases presenciales, de manera segura, ponderando los riesgos y derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes mexicanos, así como la obligación del Estado en garantizarlos.
“Si bien la evidencia científica debe ser uno de los criterios rectores en esta decisión, la discusión sobre la subordinación a las farmacéuticas no debe guiar una decisión que debe estar orientada a garantizar derechos. La evidencia de los datos oficiales nos dice que cerca de 600 niñas, niños y adolescentes han fallecido en México por covid, de forma que minimizar o invisibilizar este impacto sobre la vida de nuestras infancias sería sumamente grave”, expresó la Red.
Por tanto, ve con gran preocupación y asombro un adelanto hacia la decisión de excluirlas de la vacunación, bajo el argumento de que aún no existe una recomendación de las autoridades sanitarias para hacerlo, a pesar del incremento de contagios que actualmente se están produciendo por la tercera ola del covid-19 en México.
“Consideramos que de mantenerse la decisión así, formaría parte de la constante invisibilización y exclusión hacia las infancias que está marcando un grave retroceso en las conquistas ganadas hacia el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estipuladas en la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por el Estado mexicano”, finalizó.
