La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió al Estado mexicano que implemente medidas cautelares para garantizar la seguridad de habitantes de comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, enfrentados por la disputa de límites territoriales.
En su resolución 15/2018, Medida Cautelar número 882-17, el organismo dependiente de la OEA, le solicitó que “adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal” de los indígenas tsotsiles de ambos municipios, situados en los Altos de Chiapas.
Precisó la necesidad de “garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros”.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada ante la CIDH el 24 de noviembre de 2017 por el Centro de Derechos Humanos Frayba y por su director, Pedro de Jesús Faro Navarro, instando al organismo “a que requiera al gobierno de México la adopción de las medidas de protección necesarias para garantizar los derechos de indígenas tsotsiles desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó”.
El conflicto entre ambos municipios, que data de más de 45 años, se agravó el 18 de octubre de 2017, cuando pobladores de Chenalhó asesinaron a balazos a Samuel Luna, originario de la comunidad de Canalumtic, Chalchihuitán.
El crimen y la posterior aparición de grupos civiles armados que realizaban disparos en la zona limítrofe, provocaron que alrededor de cinco mil indígenas de diferentes comunidades de Chalchihuitán y mil de Chenalhó se desplazaran en noviembre hacia la cabecera municipal, y fue hasta enero en que la mayoría retornó a sus casas.
