Choferes del servicio público de pasaje piden al gobierno de Chiapas y al titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes, investigar las irregularidades que se cometen en la Delegación Tapachula por presuntos cobros irregulares, comisiones y favores a “piratas”, de los que no queda registro del ingreso del recurso económico porque no llega a Hacienda del estado, sino a “manos particulares de funcionarios deshonestos”.
El denunciante señala que existen cuotas y tarifas impuestas dentro de la delegación de Transporte en Tapachula, a cargo de Miguel Agustín Galdámez Culebro, condicionamientos que se hacen a los choferes y concesionarios para continuar dando el servicio sin que haya transparencia, lo que va en detrimento de la economía de los mismos.
Las denuncias no son nuevas, pero con la intención de aplicar la reciente Ley de Movilidad y Transporte se obliga a negociar para que no haya sanciones.
Andrés “N” hizo el llamado a la autoridad a verificar las denuncias, como son cuotas fijas impuestas por la revisión mecánica de las unidades que está tasada en 500 pesos, cuando el vehículo está en orden y cumple con la normativa, no obstante, en caso de que la unidad tenga algún desperfecto, la cuota se incrementa hasta dos mil pesos en adelante, sin que haya por todos estos pagos recibo oficial o que se realice en la Secretaría de Hacienda.
Otros de los cobros que existen en la delegación está basada en la vida útil de las Urvan en servicio colectivo y los compactos como taxis, que según la ley es de cinco y siete años, respectivamente, y su renovación inminente, sin embargo, ante la imposibilidad del concesionario de tener nuevas unidades por otorgar la prórroga y que el vehículo se considere en buenas condiciones para dar el servicio, el documento aprobatorio tiene un costo de cinco mil pesos, aunque por cada año que supere el límite la cantidad es mayor en mil pesos por año.
Pero las negociaciones no quedan allí, ya que el funcionario encargado de vigilar la aplicación de la ley “ha permitido a unidades piratas dar el servicio por la módica cantidad de dos mil pesos mensuales y aunque pareciera que eso sería un negocio redondo ilegal, eso suma otras situaciones con las unidades que se ven implicadas en algún hecho legal, a los que amenazan con la revocación de la concesión a cambio de un pago de 25 mil pesos para evitar problemas legales”.
El denunciante señaló que hay temor entre el gremio transportista de denunciar abiertamente las irregularidades por las represalias que podrían tener, toda vez que el actual delegado tiene amplia experiencia en el marco legal para lograr tanto impunidad como para culpar a sus denunciantes, pues por muchos años se desempeñó como agente del Ministerio Público del fuero común.
