Marcadas diferencias de costos de obras en dos planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), en Tapachula, ponen en duda el buen destino de los recursos del programa La Escuela es Nuestra (LEEN).
Por ejemplo, en el plantel 08 remodelaron los baños para alumnos y administrativos, con valor superior al millón y medio de pesos; a su vez, en el plantel 70, con menos de un millón de pesos se construyó un aula equipada con mobiliario, se rehabilitaron dos módulos sanitarios y la construcción de una cisterna.
Se trata de programas federales que deberían ser manejados por comités de padres de familia y cumplir con los lineamientos; sin embargo, este recurso debe ser supervisado no solo por directivos escolares sino por titulares de los programas para el Bienestar del Gobierno de México. La realidad es que políticos dentro de las instituciones convirtieron la asignación de obras en un negocio personal, encareciendo los precios.
Piden auditoría
Directivos de los programas del Bienestar, entrevistados al respecto, señalaron el contraste de inversión en estos dos planteles del Cobach, ya que desconocían a fondo la situación y en breve harían visitas para tener información; no obstante, padres de familia y docentes han solicitado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) atienda la denuncia ante posible desvíos de recursos de este programa La Escuela es Nuestra en el plantel 08.
Hay cuestionamientos del uso adecuado de los fondos y las anomalías reportadas deben investigarse, ya que los recursos están destinados a financiar mejoras en las instalaciones.
Uno de los integrantes del comité de padres de familia del plantel 08 indicó que la esencia del programa fue desviada, que en estas acciones se señala reiterativamente presiones de un coordinador de la institución que buscó imponer su propia constructora para ejecutar obras del programa, amparado en protección política de padrinazgos que se ejercen desde el Congreso de Chiapas pero que hoy ha sido cuestionado.
En contraste, en el plantel 70, hay reconocimiento por el uso de los recursos, su ejecución con eficacia para lograr beneficios tangibles que eran necesario para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
Se espera que desde la coordinación regional de programas federales se realice la anunciada investigación de las denuncias ciudadanas, una revisión exhaustiva del manejo de recursos para dar credibilidad del programa que tiene un propósito social innegable en beneficio de la sociedad, pero sobre todo de los estudiantes.
